Validez de acuerdo comunitario de prohibición de alquiler turístico

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Validez de acuerdo comunitario de prohibición de alquiler turístico

La AP Barcelona declara válido el acuerdo de la Junta de propietarios de prohibir la actividad de alquiler de viviendas para uso turístico cuando ha sido adoptado por las cuatro quintas partes de los propietarios con derecho a voto y no supone una limitación de las facultades de uso y goce, sino que impide una ampliación del uso de los pisos.

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Habiendo sometido a votación la modificación de los estatutos para prohibir la actividad de alquiler de viviendas para uso turístico, se tomó el acuerdo con el voto a favor todos los propietarios, excepto los que venían desarrollando la actividad cuestionada.

Se fundamentan la demanda, y ahora el recurso, en las molestias y perjuicios derivados de los ruidos, incluso en horario nocturno y de la manipulación y uso descuidados de los elementos y zonas comunes, calificando esta actividad de molesta, ilegal, contraria a las normas estatutarias y perjudicial para la finca. Para la comunidad esta prohibición no supone una limitación de las facultades de uso del propietario, que requeriría su aprobación, sino un límite a la ampliación del uso de los pisos que no precisa consentimiento del afectado.

La Audiencia estima solo parcialmente este recurso, pues en Cataluña, a diferencia del régimen de la LPH, la modificación de los estatutos, no se requiere el acuerdo unánime de los miembros de la comunidad sino solo de las cuatro quintas partes, incluidas las limitaciones en el uso de los elementos privativos.

En consecuencia, el acuerdo que limite las actividades que pueden realizarse en los elementos privativos, adoptado por la comunidad con este «quórum», como es el caso, es válido e inscribible en el Registro de la Propiedad. Otra cosa es que este cambio de destino sea oponible con efectos retroactivos a quienes adquirieron los pisos o locales sin que constase inscrita la limitación. De conformidad con ello, no procede la declaración de ilegalidad de la actividad llevada a cabo por los demandados en tanto la limitación no les resulta oponible.

Asimismo, entiende, que las viviendas de uso turístico no son por si una actividad contraria a la convivencia normal en la comunidad, sino que hay que analizar caso por caso y ver que el uso que se hace es anómalo o antisocial, con conductas consideradas incívicas; tampoco es una actividad ilícita, estando admitida expresamente por la norma; ni en abstracto supone un daño o peligro para el edificio en la medida en que el uso intensivo de los elementos comunitarios por el trasiego de los ocupantes, que también se da con otras actividades como despachos profesionales o locales abiertos al público, puede ser compensado con un incremento de la participación en los gastos comunes.

SAP Barcelona de 27 diciembre de 2017. EDJ 2017/281132

Fuente: ADN Jurídico

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