El préstamo hipotecario y los controles de incorporación y transparencia

Mercantil

El préstamo hipotecario y los controles de incorporación y transparencia

El TS considera que el control de inclusión o de incorporación supone el cumplimiento por parte del predisponente de una serie de requisitos para que las condiciones generales queden incorporadas al contrato. Mediante el control de incorporación se intenta comprobar que la adhesión se ha realizado con unas mínimas garantías de conocimiento por parte del adherente de las cláusulas que se integran en el contrato.

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Señala la Sala que para superar el control de incorporación debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato.

En el presente caso la cláusula litigiosa sí supera el control de incorporación, porque los adherentes tuvieron la posibilidad de conocerla, al estar incluida en la escritura pública y es gramaticalmente comprensible, dada la sencillez de su redacción y se encuentra dentro de un epígrafe específico de la escritura pública, titulado «Tipo de interés aplicable», en un apartado propio, en el que los límites a la variabilidad del tipo de interés se resaltan en letra negrita.

Lo que la sentencia recurrida hace no es realmente un control de incorporación, sino un control de transparencia, pues al incidir en que la cláusula está enmascarada entre una multiplicidad de datos, lo que dificulta su efectivo conocimiento y comprensión de su alcance por el adherente, a lo que se está refiriendo es a la comprensibilidad de la carga jurídica y económica de la condición general de la contratación. Lo que es ajeno al control de incorporación y propio del control de transparencia.

No obstante, aunque el control de incorporación es aplicable a cualquier contrato en que se utilicen condiciones generales de la contratación, no ocurre igual con los controles de transparencia y abusividad, reservados a los contratos celebrados con consumidores.

Respecto del contrato de préstamo, no cabe duda alguna de que no es una relación de consumo, porque la prestataria fue una sociedad mercantil que, per se tiene ánimo de lucro ( art. 116 CCom), y se concertó en el marco de su actividad empresarial (para obtener financiación del circulante de la empresa), por lo que no encaja en los supuestos previstos en el art. 3 TRLGCU.

Más complejo resulta el aplicar el concepto de consumidor al contrato de fianza, radicando la cuestión en concretar, respecto de cada uno de los fiadores intervinientes en el contrato litigioso, si tenían vinculación funcional o no con la sociedad deudora principal. Ha de entenderse que si son administradores tienen vínculo y no pueden tratarse como consumidores, pero sí respecto de la fiadora que  no consta que fuera socia ni administradora.

STS Sala 1ª de 28 mayo de 2018. EDJ 2018/80893

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La Sala del TS confirma la nulidad de la cláusula suelo, pues no cumple el control de transparencia que resulta necesario para declarar sus plena validez, sin que el Decreto 33/2006, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007, ni el Convenio de 12 de diciembre de 2006 obligaran al banco a incluir la cláusula suelo, ya que establecían unas condiciones marco que la entidad financiera podía haber modificado para ofrecer mejores ventajas a los compradores.

 

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