Los trabajadores que reciben prestaciones por estos dos instrumentos son 132.034, frente a los 3,03 millones de trabajadores que reciben prestaciones por desempleo en el conjunto del país, es decir, que pese a que representan el 4,35% del total de trabajadores con prestaciones, su gasto es únicamente del 2,15%.

Estos son algunos de los datos oficiales recopilados por la Diputación Provincial de Jaén que echan por tierra la imagen de subsidiados de estos trabajadores –el propio instrumento se denomina ‘subsidio agrario’, pese a que es una percepción– y ese estereotipo de fondos desaprovechados y a los que se les ha sacado poco rendimiento que muchas veces ha sido utilizado para "insultar a los andaluces" o "como confrontación política".

En un encuentro con periodistas este jueves, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha desmitificado esa idea con datos objetivos, como los que, según destaca, ponen de manifiesto que si se tiene en cuenta lo que el trabajador paga por su cotización a la Seguridad Social y lo que después recibe suponen de media unos 2036 euros. "¿Alguien cree de verdad que un trabajador va a rechazar un empleo por 2.000 euros al año? Decir eso es por desconocimiento o por mala fe", ha señalado Reyes.

El presidente provincial también ha destacado que el subsidio agrario, la renta y el PER suponen 900 millones de euros al año mientras que los agricultores reciben 6.000 millones de euros de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), de los cuales, el 51% se va a los que tienen las rentas más altas. En este sentido, el presidente de la Diputación recuerda que "la mayor parte" de las actividades económicas están incentivadas y que defiende que, mientras haya ayudas públicas, las administraciones "tienen que trabajar para optar a ellas".

La necesidad de los fondos se justifica aún más si cabe por la dependencia de Jaén con el olivo, que supone el 17,2% el PIB provincial, cuyo cultivo ocupa el 85% de la tierra disponible y que da el 45% de la producción española. Su monocultivo provoca un grave paro estacional.

Servicios para fijar población

De ese modo, lo que se conoce como PER –actualmente denominado Profea– es un programa de inversiones para el mundo rural que permite a los trabajadores eventuales del campo poder juntar el número de peonadas para poder acceder a la prestación a través de empleos eventuales en obras que se realizan con sus fondos –215 millones de euros para 2013– y que contratan los ayuntamientos a través del Inem.

Normalmente son servicios públicos como arreglos de calles, mejoras del alumbrado y abastecimiento de agua, construcción de equipamientos educativos, sanitarios, culturales y deportivos o mejoras ambientales. Aunque no es su principal objetivo, el PER también contribuye a la financiación de los ayuntamientos que, de no haber sido por este fondo, no habrían podido realizar muchas de las obras o prestar ciertos servicios.

El principal logro de estos fondos ha sido, según ha destacado Reyes, con el que coinciden alcaldes de la provincia, como los de Los Cárcheles, Lupión o Santo Tomé, ese equipamiento de los municipios y, con ello, que se haya conseguido fijar la población al territorio y que la provincia no se haya visto abocada a un despoblamiento masivo que sí han sufrido otras zonas de Castilla y León, Castilla La Mancha o Aragón.

"Sin el PER muchos municipios habrían corrido la misma suerte que ellos", ha señalado Reyes, para quien "Andalucía y Jaén, en particular, no sería lo mismo ni mejor si no hubiera existido el subsidio o el plan de empleo rural".

En este sentido, ha incidido en que sin la puesta en marcha del fondo las familias se habrían visto obligadas a volver a emigrar. De este modo, el esfuerzo realizado para la prestación de servicios en los municipios del campo jienense y el relacionado con la diversificación económica en sectores como el turismo y los servicios sociales han permitido un mantenimiento poblacional que otros muchos habrían ansiado.