​Reconoce que revalorizar las pensiones conforme al IPC real no es algo ya decidido, sino únicamente una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo; que las rentas de sustitución en que consisten las pensiones  resultan, en porcentaje de los salarios dejados de percibir, las más altas de nuestro entorno europeo y que no puede comprometerse a elevar la cuantía de la pensión mínima a 1.080 euros. Aun así entiende que el sistema de pensiones puede mantenerse propiciando planes de empleo, cosa que –opina– debió acometer el anterior Gobierno, pero olvida que durante los años de la crisis económica  bastante se hizo con no destruir más puestos de trabajo y que la congelación de las pensiones que impuso el Gobierno Zapatero y la exigua revalorización legislada por el de Rajoy fue para no endeudar más al sistema y a la nación, en lo que teníamos que colaborar todos los españoles, tanto trabajadores como pensionistas.

La señora Valerio ha dicho que una vez que acaben los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo –que incomprensiblemente siempre van con retraso– presentará una ley para reformar el sistema de pensiones. Es de esperar, por el talante de la ministra, que no sea restrictiva, aunque sí dura en su financiación. Al menos, eso se desprende de cómo pretende que sea ésta, basada en el  Plan Director de un Trabajo Digno para aumentar las cotizaciones persiguiendo el fraude en la utilización de contratos temporales, la contratación a tiempo parcial y la realización de horas extraordinarias no pagadas, controlando los falsos autónomos y la economía irregular. Lo cual no es fácil ni aun aumentando, como está previsto en el citado plan director, el número de inspectores, porque, entre otras cosas, deberá modificarse el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores para establecer por ley un control estricto  en todas las jornadas laborales, pues el Tribunal Supremo, interpretando ese artículo, tiene sentenciado reiteradamente que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de los horarios pactados, y sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, cuyo control no suele interesarles tener registrado.

Otra cosa que ha dejado clara doña Magdalena es que no se pueden bajar las cotizaciones  sino que lo necesario es aumentar los salarios para que estas sean más altas. Pero eso no es tan simple ya que el aumento de los salarios supone a las empresas el 23,60% más en concepto de cotización a la Seguridad Social, a lo que se suma otro porcentaje variable para cubrir posibles pensiones de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Quizás por eso también ha dicho que si aun así se precisa más financiación debe conseguirse mediante algún impuesto específico o generalizado para todos los ciudadanos. Una solución solidaria que puede no ser entendida por quienes hayan de soportar un impuesto que no les va a reportar ningún beneficio; de manera que lo más justo parece que fueran los propios trabajadores los que sufragaran algo más sus pensiones. Ahora contribuyen con el 4,70 % del salario y, si ese porcentaje subiera algo (un punto, por ejemplo) a las empresas se les podría rebajar el suyo (en  igual porcentaje o algo menor) con el fin de que pudieran aumentar las retribuciones. En el caso de que esto ocurriera, también sería solidario aumentar el tope máximo de cotización conforme al IPC sin que subiera el de la pensión máxima. Al menos, hasta que el sistema dejara de correr peligro.