En el orden del día de la última sesión plenaria del año en la Cámara Baja se incluye el debate y votación de los cambios introducidos en la reforma de las pensiones durante su paso por el Senado. Así, se dará cumplimiento al último trámite antes de la entrada en vigor de los cambios.

De este modo, desde el año próximo la revalorización de las cuantías que cobran los jubilados no se atendrá a la inflación, sino que se introduce un nuevo factor de revalorización que tiene en cuenta tanto la evolución del IPC como los ingresos y gastos de la Seguridad Social durante un plazo de once años –cinco previos, el de ejecución y las proyecciones de cinco futuros–, de manera que se eviten caídas o incrementos bruscos por cambios en la coyuntura económica.

Además, el nuevo sistema incorpora un suelo de revalorización del 0,25% y un techo que, tras una enmienda de los ‘populares’ incorporada al proyecto de ley en la Cámara Alta, quedará en el IPC más el 0,5%. De este modo, el Gobierno asegura que se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en el medio plazo y se evitan futuras bajadas o congelaciones de las cuantías.

Factor de sostenibilidad

Por otra parte, la reforma de las pensiones incluye también la definición del factor de sostenibilidad, que ya estaba enunciado en la última revisión legislativa de este tema que hizo el Gobierno de Zapatero en 2011 y que entró en vigor el pasado 1 de enero.

Así, a partir del año 2019 la cuantía inicial de la pensión se calculará teniendo en cuenta la esperanza de vida en ese momento, revisándose este dato estadístico una vez en cada lustro para ajustarla.

Las enmiendas del Senado que serán objeto de debate este jueves en la Cámara Baja incluyen también la decisión de que sea la Autoridad Fiscal Independiente la que deba dar el visto bueno a los valores a partir de los cuales se harán los cálculos para fijar las revalorizaciones anuales de las pensiones y la aplicación del factor de sostenibilidad, y la obligación del Gobierno de presentar un informe quinquenal a las Cortes y a los agentes sociales para testar la suficiencia y adecuación de las pensiones tras la puesta en marcha de la reforma.