El Pleno aprueba recomendaciones de transparencia para evitar otro abuso como las preferentes

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El Pleno aprueba recomendaciones de transparencia para evitar otro abuso como las preferentes

La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado el informe propuesto por la subcomisión de Transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, que propone algunas ideas y cambios normativos con el objetivo de proteger a los consumidores.

El portavoz 'popular' de Economía, Vicente Martínez-Pujalte, ha subrayado que el fin último de los trabajos de la subcomisión, que se han prolongado durante casi un año y media, no era otro que "proteger a los consumidores cuando contraten productos financieros e hipotecarios" y que lo puedan hacer "con transparencia y conocimiento". "Entre los consumidores o el buen funcionamiento del mercado, primero los consumidores", ha llegado a afirmar.

Su homólogo de CiU, Josep Sánchez Llibre, se ha congratulado de que la mayoría de sus propuestas hayan sido incluidas en el informe final, aunque también ha señalado algunas carencias, lo mismo que el socialista Antonio Hurtado, que ha lamentado que no haya sido posible presentar un documento único de todos los grupos y que, en su lugar, algunas formaciones hayan optado por votos particulares para superar unas propuestas "generalistas e insuficientes".

En la misma línea, el portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha calificado de "decepcionante" e "insuficiente" los trabajos de la subcomisión ante la "magnitud" de los problemas de los consumidores frente al sector financiero.

Mejor información y posibilidad de reflexión

El documento recoge entre otras propuestas que los bancos estén obligados a informar a sus clientes del valor estimado teórico de los productos complejos antes de tramitar la orden de compra o venta, o cuando dicho valor "se desvíe significativamente a juicio de la entidad del último valor de referencia en el mercado".

Además, cuando la entidad ofrezca liquidez del producto directamente se debería aportar el precio de compra estimado que tendría al día siguiente de la contratación, así como aportar escenarios de la posible evolución del valor de este tipo de productos.

Para garantizar la máxima protección del consumidor, se sugiere asimismo darle un plazo de reflexión mínimo obligatorio de entre 24 y 48 horas desde que recibe la documentación hasta que tiene que firmar la contratación.

Con respecto a los préstamos hipotecarios, se debe "vigilar el estricto cumplimiento" de la función básica de los notarios de informar a las partes sobre lo que están firmando, y se debe garantizar que los ciudadanos sepan que tienen derecho a elegir el notario y que no deben aceptar el que proponga la entidad bancaria.

Asimismo, se insta a adoptar reformas legales para "fortalecer la independencia" de las sociedades de tasación, abrir "cuanto antes" un portal de subastas judiciales y extrajudiciales online para que haya más postores y se maximice el valor del bien subastado, e informar a los clientes de que no están obligados a suscribir un seguro del préstamo con la misma entidad y de las condiciones del crédito si lo hace y si no.

El otro tipo de producto utilizado por la mayoría de ciudadanos medios es el depósito bancario y, en este sentido, la subcomisión insta al Gobierno a continuar trabajando tanto a nivel nacional como comunitario para garantizar que gozan del "máximo nivel de protección". No se hace mención ninguna, no obstante, a las comisiones bancarias, que también fueron recogidas por algunas formaciones como el PSOE en su propuesta de conclusiones.

Instrumentos de inversión

Con respecto a los instrumentos de inversión, el informe pide que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emita un informe sobre la implantación de los criterios de asesoramiento en los servicios de inversión recogidos en el MIFID y sobre el grado de cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, plantea que el organismo que dirige Elvira Rodríguez haga guías interpretativas sobre la prestación de asesoramiento en materia de inversión y sobre "la metodología de evaluación de la conveniencia e idoneidad de los inversores" que las entidades deberán aplicar al prestar este tipo de servicios.

Además, antes de vender este tipo de productos deberían ser catalogados en función de riesgo y complejidad, valorando incluso un código de colores para que el sistema sea más gráfico. Y también se recoge la previsión de que al compra de este tipo de productos se tenga que acreditar con una acopia firmada de toda la documentación informativa entregada al cliente.

La subcomisión considera necesario aumentar la periodicidad con la que las entidades financieras informan a sus clientes inversores sobre la situación de sus valores en el mercado y sus estados de posición periódica. Para cualquier conflicto que pueda surgir, se aboga por implantar algún sistema de resolución alternativo a la vía judicial, poniendo como ejemplo el buen funcionamiento del arbitraje en el caso de las participaciones preferentes.

Más educación y formación financiera

En un plano más general, el informe que debatirá la subcomisión recoge algunas otras propuestas como reforzar en los programas educativos las materias relacionados con la formación financiera, particularmente en lo relativo al alcance de los contratos y a que "al pago de las deudas se responde con todo el patrimonio presente y futuro".

En la misma línea, se defiende la necesidad de implantar ciclos formativos para los empleados encargados de comercializar los productos financieros para que sean capaces de explicarlos a sus clientes y responder cualquier tipo de duda.

En cualquier caso, la subcomisión parlamentaria cree que hay que "evitar políticas de incentivos de los empleados que puedan alentar prácticas de comercialización excesivamente agresivas y que entren en conflicto con la obligación de informar al cliente", para lo que sugiere códigos de conducta internos que deban hacerse "públicos y accesibles" a la ciudadanía.

"las entidades bancarias deberán reflexionar sobre los excesos cometidos que han llevado a la comercialización de productos claramente inadecuados para ciertos clientes. Esa reflexión debe ser constructiva y conducir a la puesta en marcha de las acciones necesarias para evitar que se vuelva a repetir", señala el informe.

Con el mismo objetivo, se concluye que se deben plantear reformas legislativas para limitar la información precontractual o contractual, de modo que el cliente reciba sólo aquélla que es necesaria para comprender el producto que está adquiriendo, ya que "lo importante no es facilitar mucha información sino la necesaria para que el cliente pueda conocer el alcance de lo que firma".

En cualquier caso, esta información debería ofrecerse de forma estandarizada mediante una tipografía concreta, con advertencias inequívocas de los riesgos inherentes al producto y señalando particular y explícitamente si el capital invertido está garantizado o no.

Para evitar problemas, la CNMV, la Dirección General de Seguros y el Banco de España deberían redactar un listado de cláusulas tipo y advertencias para los contratos que puedan entrañar riesgos, de forma que se redacten siempre del mismo modo. También se deberían reforzar los deberes de información de los bancos con respecto de los derechos del cliente a quejarse o reclamar.


El portavoz 'popular' de Economía, Vicente Martínez-Pujalte, ha subrayado que el fin último de los trabajos de la subcomisión, que se han prolongado durante casi un año y media, no era otro que "proteger a los consumidores cuando contraten productos financieros e hipotecarios" y que lo puedan hacer "con transparencia y conocimiento". "Entre los consumidores o el buen funcionamiento del mercado, primero los consumidores", ha llegado a afirmar.

Su homólogo de CiU, Josep Sánchez Llibre, se ha congratulado de que la mayoría de sus propuestas hayan sido incluidas en el informe final, aunque también ha señalado algunas carencias, lo mismo que el socialista Antonio Hurtado, que ha lamentado que no haya sido posible presentar un documento único de todos los grupos y que, en su lugar, algunas formaciones hayan optado por votos particulares para superar unas propuestas "generalistas e insuficientes".

En la misma línea, el portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha calificado de "decepcionante" e "insuficiente" los trabajos de la subcomisión ante la "magnitud" de los problemas de los consumidores frente al sector financiero.

Mejor información y posibilidad de reflexión

El documento recoge entre otras propuestas que los bancos estén obligados a informar a sus clientes del valor estimado teórico de los productos complejos antes de tramitar la orden de compra o venta, o cuando dicho valor "se desvíe significativamente a juicio de la entidad del último valor de referencia en el mercado".

Además, cuando la entidad ofrezca liquidez del producto directamente se debería aportar el precio de compra estimado que tendría al día siguiente de la contratación, así como aportar escenarios de la posible evolución del valor de este tipo de productos.

Para garantizar la máxima protección del consumidor, se sugiere asimismo darle un plazo de reflexión mínimo obligatorio de entre 24 y 48 horas desde que recibe la documentación hasta que tiene que firmar la contratación.

Con respecto a los préstamos hipotecarios, se debe "vigilar el estricto cumplimiento" de la función básica de los notarios de informar a las partes sobre lo que están firmando, y se debe garantizar que los ciudadanos sepan que tienen derecho a elegir el notario y que no deben aceptar el que proponga la entidad bancaria.

Asimismo, se insta a adoptar reformas legales para "fortalecer la independencia" de las sociedades de tasación, abrir "cuanto antes" un portal de subastas judiciales y extrajudiciales online para que haya más postores y se maximice el valor del bien subastado, e informar a los clientes de que no están obligados a suscribir un seguro del préstamo con la misma entidad y de las condiciones del crédito si lo hace y si no.

El otro tipo de producto utilizado por la mayoría de ciudadanos medios es el depósito bancario y, en este sentido, la subcomisión insta al Gobierno a continuar trabajando tanto a nivel nacional como comunitario para garantizar que gozan del "máximo nivel de protección". No se hace mención ninguna, no obstante, a las comisiones bancarias, que también fueron recogidas por algunas formaciones como el PSOE en su propuesta de conclusiones.

Instrumentos de inversión

Con respecto a los instrumentos de inversión, el informe pide que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emita un informe sobre la implantación de los criterios de asesoramiento en los servicios de inversión recogidos en el MIFID y sobre el grado de cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, plantea que el organismo que dirige Elvira Rodríguez haga guías interpretativas sobre la prestación de asesoramiento en materia de inversión y sobre "la metodología de evaluación de la conveniencia e idoneidad de los inversores" que las entidades deberán aplicar al prestar este tipo de servicios.

Además, antes de vender este tipo de productos deberían ser catalogados en función de riesgo y complejidad, valorando incluso un código de colores para que el sistema sea más gráfico. Y también se recoge la previsión de que al compra de este tipo de productos se tenga que acreditar con una acopia firmada de toda la documentación informativa entregada al cliente.

La subcomisión considera necesario aumentar la periodicidad con la que las entidades financieras informan a sus clientes inversores sobre la situación de sus valores en el mercado y sus estados de posición periódica. Para cualquier conflicto que pueda surgir, se aboga por implantar algún sistema de resolución alternativo a la vía judicial, poniendo como ejemplo el buen funcionamiento del arbitraje en el caso de las participaciones preferentes.

Más educación y formación financiera

En un plano más general, el informe que debatirá la subcomisión recoge algunas otras propuestas como reforzar en los programas educativos las materias relacionados con la formación financiera, particularmente en lo relativo al alcance de los contratos y a que "al pago de las deudas se responde con todo el patrimonio presente y futuro".

En la misma línea, se defiende la necesidad de implantar ciclos formativos para los empleados encargados de comercializar los productos financieros para que sean capaces de explicarlos a sus clientes y responder cualquier tipo de duda.

En cualquier caso, la subcomisión parlamentaria cree que hay que "evitar políticas de incentivos de los empleados que puedan alentar prácticas de comercialización excesivamente agresivas y que entren en conflicto con la obligación de informar al cliente", para lo que sugiere códigos de conducta internos que deban hacerse "públicos y accesibles" a la ciudadanía.

"las entidades bancarias deberán reflexionar sobre los excesos cometidos que han llevado a la comercialización de productos claramente inadecuados para ciertos clientes. Esa reflexión debe ser constructiva y conducir a la puesta en marcha de las acciones necesarias para evitar que se vuelva a repetir", señala el informe.

Con el mismo objetivo, se concluye que se deben plantear reformas legislativas para limitar la información precontractual o contractual, de modo que el cliente reciba sólo aquélla que es necesaria para comprender el producto que está adquiriendo, ya que "lo importante no es facilitar mucha información sino la necesaria para que el cliente pueda conocer el alcance de lo que firma".

En cualquier caso, esta información debería ofrecerse de forma estandarizada mediante una tipografía concreta, con advertencias inequívocas de los riesgos inherentes al producto y señalando particular y explícitamente si el capital invertido está garantizado o no.

Para evitar problemas, la CNMV, la Dirección General de Seguros y el Banco de España deberían redactar un listado de cláusulas tipo y advertencias para los contratos que puedan entrañar riesgos, de forma que se redacten siempre del mismo modo. También se deberían reforzar los deberes de información de los bancos con respecto de los derechos del cliente a quejarse o reclamar.

 

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