Las oficinas de la Junta frente a los desahucios atienden a 300 familias en el primer mes

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Las oficinas de la Junta frente a los desahucios atienden a 300 familias en el primer mes

Las oficinas puestas en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda de la  Junta para afrontar las situaciones de desahucio han atendido en su primer mes  de funcionamiento a 300 familias en toda Andalucía, según ha indicado la  consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quien pide que la vivienda "sea  considerada un derecho y no una mercancía" y reclama que "al igual que va a  haber una quita en los activos tóxicos, esa rebaja se pueda trasladar a la deuda  hipotecaria de las familias".

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, la consejera considera que ante el problema del desahucio "se mira para otro lado como hace el Gobierno central hasta ahora, el margen de maniobra para arreglar la situación es ninguno".

Ha recordado que desde la Junta, la Consejería ha puesto en marcha ocho oficinas provinciales, gestionadas por funcionarios, para intermediar con los bancos y paralizar desahucios y ha indicado que en un mes se ha atendido en la Comunidad a 300 familias a través de dichas oficinas.

En ese sentido, ha precisado que en esas oficinas se da desde información hasta alternativas a personas en situación de lanzamiento próximo, como el alquiler social o la paralización de desahucios por errores administrativos y la mediación con la entidad bancaria.

Además, Cortés apunta que el Gobierno central "tiene la sartén por el mango para detener los desahucios y tiene la capacidad de cambiar la Ley Hipotecaria, absolutamente injusta, y la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Asimismo, tras considerar que "no es posible una sociedad donde se esté rescatando a los bancos pero sean estos bancos los que desahucien a las personas" y apuntar que "no es posible que un Gobierno ponga en marcha el 'banco malo' y todos esos pisos no sirvan para generar un alquiler social", reclama un cambio en la ley para que se implante el alquiler social y que se obligue a las entidades financieras rescatadas con dinero público a paralizar los desahucios".

"Es necesario aunar la voluntad de colaboración de entidades financieras, ayuntamientos y diputaciones, que, al igual que la Consejería, deben mostrar su voluntad de intermediar y romper la neutralidad e interceder", ha agregado la consejera, quien recuerda que los ciudadanos "viven en municipios donde sus ayuntamientos pueden firmar un convenio con la Consejería de manera que podamos abordar esas situaciones de forma conjunta hasta que el Gobierno cambie la ley, que sería lo que detendría esa sangría social".

"Casas sin gente y gente sin casas"

Cortés considera que "no es posible una sociedad donde haya construidas miles de viviendas, y haya gente sin casas y casas sin gente".

Asimismo, aboga por "atender la vivienda como un derecho y no como una mercancía", un concepto que "es parte de la raíz del problema, pues durante mucho tiempo la vivienda ha sido mercancía y no un derecho que tienen las personas a vivir en una casa digna".

La consejera además considera "imperioso" abordar una reestructuración de la deuda privada de las familias, "que se originó en gran parte con la burbuja inmobiliaria", de manera que reclama que "al igual que va a haber una quita de activos tóxicos, esa rebaja se pueda trasladar a la deuda hipotecaria de las familias".

Asimismo, considera que "el stock de viviendas existente debe dar derecho a la vivienda" e insiste en que la propiedad "debe tener sí o sí una función social; se debe convertir la vivienda en un derecho no en una mercancía".

Por ello, insiste en que la quita en la deuda hipotecaria "es algo de Justicia, pues no se puede rescatar a bancos con dinero público y que a los bancos se le rebaje parte del problema que las entidades tienen en sus balances y que eso no sea trasladado al conjunto de familias, que verían una merma importante en la hipoteca que deben seguir pagando".

"Hay que abordar la deuda perpetua de las familias", ha agregado la consejera.

Cortés ha recordado que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) paralizó los desahucios administrativos en el parque público de viviendas como consecuencia de un endeudamiento sobrevenido y una situación complicada de las familias, de forma que "no se están llevando a cabo desahucios que estén motivados por no poder pagar un alquiler por pérdida de empleo, algo que afecta a muchos andaluces".


 

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