Las leyes para desvelar morosos y defraudadores pasan el martes su primer examen en el Congreso

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Las leyes para desvelar morosos y defraudadores pasan el martes su primer examen en el Congreso

Los proyectos de ley con los que el Gobierno pretende hacer posible la publicación de la lista de defraudadores condenados en firme y de morosos con la Hacienda pública pasarán el próximo martes su primer examen parlamentario en el Pleno del Congreso.

Los proyectos de ley con los que el Gobierno pretende hacer posible la publicación de la lista de defraudadores condenados en firme y de morosos con la Hacienda pública pasarán el próximo martes su primer examen parlamentario en el Pleno del Congreso, donde el PSOE defenderá enmiendas de totalidad porque lo ve insuficiente.

En particular, critica que "el Gobierno renuncie de forma definitiva a dar a conocer la identidad de los beneficiarios de la amnistía fiscal", una medida "injusta" y "secretista" que causó "rechazo generalizado desde el principio" y que, tras conocerse que ha sido utilizada por "personas imputadas en procesos judiciales para regularizar fondos hasta entonces ocultos" y que podrían tener su origen en "actuaciones delictivas", debe acompañarse de la "imprescindible" publicación del listado de beneficiarios.

Algo que el Ejecutivo no incluye ni en la reforma de la Ley General Tributaria ni en el proyecto de ley para publicar determinadas sentencias de fraude fiscal, alegando que iría contra la seguridad jurídica aplicar una medida de esa naturaleza con carácter retroactivo.

Si pagas, no se publica

Por otra parte, el PSOE se opone también a ambos proyectos de ley por permitir que "los contribuyentes que posean recursos suficientes puedan evitar que su identidad se haga pública" pagando la sanción y la deuda, lo que "desnaturaliza este instrumento" y supone una "concepción elitista" del sistema tributario, "incompatible con los principios de justicia y equidad".

Así, los socialistas creen que este precepto, que no se había incluido en los borradores del proyecto de publicación de sentencias fiscales, "devalúa notablemente" el objetivo de la ley e impide garantizar la "transparencia y publicidad de las actuaciones judiciales como instrumento indispensable para la eficaz lucha contra el fraude fiscal".

"Este celo protector de la intimidad de los defraudadores fiscales es incompatible con la consideración de los delitos contra la Hacienda pública como un atentado contra el estado social y democrático de derecho y contra la solidaridad", insisten, lamentando también que se pierda la oportunidad de hacer públicos otros comportamientos defraudatorios "de trascendencia" como los que afectan a la Seguridad Social o a las subvenciones y ayudas públicas.

Falta consenso

En tercer lugar, los socialistas apelan a la falta de consenso en torno al "acierto y respeto a los principios constitucionales" en la reforma de la Ley General Tributaria, en la que instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado han encontrado "relevantes deficiencias" en materias como infracciones y sanciones, prescripción de los delitos o plazos de inspección.

Igualmente, el principal partido de la oposición rechaza que se "consagre" la "garantía de impunidad que se instauró con la reforma del Código Penal", que permite que la regularización de un delito fiscal conlleve la "desaparición" de "todos los delitos conexos y relacionados, incluido el de blanqueo".

Sistema más injusto

"Hoy tenemos un sistema tributario claramente más injusto, menos equitativo y que ha procedido a una redistribución de la carga tributaria orientada resueltamente a favor de los contribuyentes de más altos ingresos. Si ya tenemos un sistema tributario discriminatorio e injusto, la deficiente modificación (de la Ley General Tributaria) puede consagrar una dolorosa desigualdad", avisan los socialistas.

Por otra parte, lamentan que la propuesta de reforma normativa el Ejecutivo no sea "mas ambiciosa" ni "afronte las reales necesidades y los nuevos problemas del sistema", al no atender necesidades "urgentes e imperiosas" como la de incrementar los efectivos de la Agencia Tributaria (AEAT) para la lucha contra el fraude o "restablecer" su independencia y objetividad "acabando con las constantes injerencias" políticas.

Tampoco se incluye "ninguna medida concreta" contra la evasión y la elusión fiscal de las multinacionales, ni se adoptan modificaciones legales para contemplar como infracción específica en el Código Penal el comportamiento de las entidades financieras y consultoras que ayudan a evadir impuestos, y se renuncia, por tanto, a liderar la lucha contra el fraude fiscal a nivel internacional.


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