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Un banco adquiere a una sociedad
un inmueble, a razón de 90,15 euros/metro cuadrado. Mediante escritura pública
de la misma fecha, suscribe un contrato de arrendamiento financiero con otra
entidad. Unos años después, esta decide anticipar la opción de compra, pagando
el importe pendiente y la opción. El mismo día, vende a su vez el inmueble a
otra empresa, basándose para fijar el precio en un informe emitido por una
entidad que ha tasado el suelo en 80 euros/metro cuadrado. Aunque el banco
entiende que no se ha producido una plusvalía con la transmisión, presenta autoliquidación
por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de naturaleza urbana
(IIVTNU), y posteriormente solicita la rectificación de la autoliquidación, que
es rechazada.

El TS, en cuanto al alcance de la
declaración de inconstitucionalidad respecto de los arts. 107.1 y 2 a) LHL declara
que esos artículos establecen una regla objetiva para el cálculo de la base
imponible del impuesto en los casos de transmisión onerosa de terrenos, cuya
aplicación conlleva, en todo caso, la existencia de una plusvalía objeto de
tributación.

En los supuestos de no incremento
(o decremento) en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, estos preceptos
gravan una renta ficticia, en la medida en que, al imponer a los sujetos
pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que
corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo,
están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad
económica.

Por tanto, en los supuestos en
que se ponga de manifiesto una plusvalía real y efectiva, dichos artículos se
encuentran en vigor y resultan plenamente aplicables. En la práctica, estos supuestos
serán aquellos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la
transmisión no ha puesto de manifiesto un incremento del valor del terreno.

Respecto a la inconstitucionalidad
total del art. 110.4. LHL señala que este artículo impedía que los sujetos
pasivos pudieran acreditar un resultado diferente al de las reglas de
valoración contenidas en los artículos citados en el punto anterior y, en
consecuencia, pudieran demostrar la improcedencia de liquidar y ser obligado al
pago de dicho impuesto.

Además, el Tribunal determina que
la carga de la prueba de que en la transmisión onerosa no ha habido incremento
de valor en el terreno y, en consecuencia, no ha nacido la obligación
tributaria del impuesto de la plusvalía, corresponde al sujeto pasivo. Puede en
este sentido ofrecer cualquier tipo de prueba que, aunque sea de manera
indiciaria, permita apreciarla, como la diferencia entre el valor de
adquisición y de transmisión que se refleja en las escrituras públicas, optar
por una prueba pericial confirmatoria de tales indicios, o emplear cualquier
otro medio de prueba previsto en la LGT.

STS Sala 3ª de 9 julio de 2018. EDJ 2018/513434 

Fuente: ADN Fiscal