El Gobierno y los interlocutores sociales acuerdan dinamizar el diálogo social en materia de protección social, empleo y Seguridad Social

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El Gobierno y los interlocutores sociales acuerdan dinamizar el diálogo social en materia de protección social, empleo y Seguridad Social

Coinciden en la necesidad de impulsar políticas de crecimiento en el ámbito de la Unión Europea y de los Estados Miembros que contribuyan a la generación de empleo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se han reunido esta mañana en el Palacio de la Moncloa con los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, y los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y CEPYME, Jesús Terciado. Tras analizar la situación económica y social por la que atraviesa el país y desde la responsabilidad, han buscado puntos de encuentro que contribuyan a la confianza y favorezcan el crecimiento y la creación de empleo. En particular, han acordado dinamizar el diálogo social en materia de protección social, empleo y seguridad social.

En el ámbito de las políticas europeas, Gobierno e interlocutores sociales han acordado establecer una unidad de actuación en el seno de las instituciones europeas para reforzar los intereses nacionales en el ámbito comunitario. Así, el presidente del Gobierno se ha comprometido a recibir a los Comités Ejecutivos de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la confederación de empresas europeas BusinessEurope antes de la celebración del próximo Consejo Europeo.

A su vez, Gobierno e interlocutores sociales han destacado la importancia de avanzar en la unión bancaria y fiscal y en que el próximo presupuesto plurianual de la UE para el período 2014-2020 contribuya al impulso de la actividad económica y la creación de empleo, objetivos que deberían ser anticipados para lo que resta de año. Igualmente han coincidido en la necesidad de combinar políticas que hagan sostenibles las cuentas públicas como medio de impulso de la actividad económica junto con políticas de modernización del tejido productivo que contribuyan a la generación de empleo. Estas políticas deberían incluir más financiación para inversiones y pymes por el BEI. Se ha acordado, a su vez, defender una adecuada integración, en el marco de la gobernanza europea, de la dimensión social.

Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que la negociación autónoma y el acuerdo entre trabajadores y empresarios en el marco de la empresa y los sectores es uno de los principales instrumentos que pueden contribuir a la mejora del empleo, y, a la vez, establecer una evolución de precios que favorezca la competitividad en el mercado internacional. En este contexto los interlocutores sociales han reafirmado su compromiso alcanzado en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 de hacer compatible la capacidad de competir mediante precio con una mejora de la demanda. Un acuerdo que contempla para el 2013 y 2014 una evolución moderada de los salarios y beneficios empresariales, con el compromiso de reinvertir parte de éstos.

El presidente del Gobierno y los agentes sociales han destacado la importancia de este acuerdo de rentas que ha significado una mejora histórica de la competitividad de la economía española, permitiendo aumentar las exportaciones y la atracción de inversión. Este esfuerzo de limitación en el crecimiento de salarios y beneficios empresariales también debe hacerse en materia de contención de precios, en el que los precios públicos o regulados juegan un papel importante, cuestión en la que el Gobierno se compromete a actuar con las medidas e instrumentos a su alcance. Este acuerdo es una muestra de los cambios estructurales que el país necesita para tener éxito en la Europa del Euro.

Organizaciones sindicales y empresariales han valorado la importancia de disponer de un eficiente sistema de negociación colectiva. Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que en la negociación autónoma, es imprescindible en un marco de relaciones laborales equilibrado y apuestan por la flexibilidad interna. En este contexto, el Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (II AENC) es una firme apuesta por la utilización de instrumentos de flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de empleo y como mecanismo de adaptación de las condiciones de trabajo a la evolución económica de las empresas.

El II AENC incluye además de la evolución de las rentas, medidas destinadas a favorecer la conservación y creación de empleo e inversiones productivas. Potenciales que los interlocutores sociales pretenden impulsar a partir de la revitalización de las previsiones del citado acuerdo.

El presidente ha reconocido los esfuerzos que en esta materia vienen realizando los interlocutores sociales, y les ha instado a intensificar el diálogo social bipartito para acercar posturas y seguir cerrando acuerdos.

Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en la necesidad de abrir un espacio de diálogo con la finalidad de estudiar aquellas medidas de protección social para que los sectores más desfavorecidos de la ciudadanía puedan soportar en mejores condiciones las dificultades por las que atraviesan como consecuencia de la crisis y el desempleo. Además, el Gobierno, que ha comprometido por ley una primera evaluación de la reforma laboral, la analizará también con los sindicatos y organizaciones empresariales.

Gobierno e interlocutores sociales han acordado seguir trabajando en la reforma de la formación para el empleo con el objetivo de incrementar la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos, así como mejorar las posibilidades de activación de los desempleados. Para ello se ha abierto una mesa de negociación con los interlocutores sociales para avanzar en el diseño de un nuevo Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo que impulse y rija un modelo de formación acorde a las necesidades actuales del mercado de trabajo español. Igualmente se ha acordado constituir el grupo de trabajo de seguimiento de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven presentada por el Gobierno tras un proceso de diálogo y participación con los interlocutores sociales para evaluar su resultado. Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que todas las personas en desempleo merecen atención, pero por su dimensión es muy necesario buscar fórmulas específicas de acceso al empleo a quienes abandonaron sus estudios en el anterior ciclo expansivo y hoy tienen cargas familiares y una baja cualificación, así como, al paro de larga duración.

Gobierno e interlocutores sociales han coincidido, a su vez, en que las restricciones de crédito a familias y empresas se han revelado como uno de los grandes lastres que impiden la reactivación económica, y por ello han destacado que es preciso utilizar todos los instrumentos y recursos disponibles. Al mismo tiempo han dado la bienvenida al anuncio del Presidente del Banco Central Europeo de abrir un diálogo interinstitucional para abordar el problema del crédito a PYMES.

Por lo que respecta la eficiencia del gasto público Gobierno e interlocutores sociales han coincidido en que la estructura del gasto público no siempre se corresponde con las necesidades de la sociedad y economía española. Han coincidido en que esta tarea de búsqueda y eliminación de duplicidades y gasto no necesario junto con el uso más eficiente y equitativo de los recursos disponibles, debe ser liderada por todos los niveles de gobierno de manera que participen el Gobierno de España y las Administraciones Territoriales y cuente con el concurso de los agentes económicos y sociales.

Los problemas de eficiencia del gasto público no pueden ocultar la insuficiencia de ingresos en términos de PIB, situación que debe ser corregida al alza a partir de una mejora de los ingresos fiscales, a través de actuaciones urgentes y sostenidas en el tiempo, contra el fraude y la elusión fiscal.

En materia de Seguridad Social, Gobierno e interlocutores sociales, en la reunión mantenida el pasado 16 de abril han dado un impulso a la negociación sobre la nueva regulación del sistema de cotización a tiempo parcial y la definición del factor de sostenibilidad. Durante ese encuentro, los interlocutores sociales han analizado la necesidad de trabajar en la búsqueda del máximo consenso para abordar la elaboración de la normativa que regule un nuevo sistema de cotización del tiempo parcial en el sistema de Seguridad Social como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. El Gobierno y los interlocutores sociales han coincidido en el objetivo de evitar efectos perjudiciales para determinados colectivos a la hora de establecer esta nueva regulación. Con este fin se ha constituido un grupo de trabajo integrado por gobierno e interlocutores sociales para la nueva regulación del sistema de cotización a tiempo parcial.

Por lo que respecta a la definición del factor de sostenibilidad, el Gobierno nombró un Comité de Expertos que tendrá hasta final del mes de mayo para elaborar un informe en el que se recogerá una propuesta de definición del citado factor. Posteriormente el documento del Comité será objeto de debate en el seno del Pacto de Toledo y, al mismo tiempo, el Gobierno convocará a los interlocutores sociales para abordar el factor de sostenibilidad en el marco del diálogo tripartito y de la vigente normativa de Seguridad Social. El Presidente del Gobierno ha pedido a los interlocutores sociales su máxima colaboración en este tema tan sensible para la sociedad española.


 

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