Derecho a la intimidad de los trabajadores y cámaras ocultas

Laboral

Derecho a la intimidad de los trabajadores y cámaras ocultas

El TEDH, rectificando su doctrina, declara que no se vulnera el derecho a la intimidad la grabación por cámaras ocultas a un trabajador cometiendo hurtos en la empresa y el posterior despido, al ser una medida proporcionada al fin perseguido.

Tras el recurso planteado contra la sentencia que consideró que la vigilancia de los trabajadores a través de cámaras ocultas, incluso con previas sospechas fundadas de conducta irregular posteriormente confirmadas, vulnera el derecho a la vida privada e implica un daño moral indemnizable, el TEDH rectifica su doctrina.

Se trata de un caso en el que las trabajadoras despedidas prestaban servicios como cajeras en una cadena de supermercados. Al detectar irregularidades entre los niveles de stock del supermercado y las ventas, el empleador instaló cámaras de seguridad; unas visibles, para registrar posibles robos de los clientes, y otras ocultas situadas en las cajas registradoras. La empresa comunicó a los trabajadores la instalación de las cámaras visibles, pero no de las cámaras ocultas.

El TEDH rectifica y considera que no hubo vulneración del derecho a la intimidad y que los tribunales españoles realizaron una ponderación adecuada e​ntre el derecho de los recurrentes a su vida privada y el interés del empresario en proteger su patrimonio. Para llegar a esta conclusión, analiza si la medida era proporcionada para los fines perseguidos trasladando al asunto aquí enjuiciado los criterios utilizados en el asunto Barbulescu para analizar la validez del control de los medios informáticos:

1. Grado de intromisión del empresario. El TEDH considera que la invasión de la vida privada de las demandantes no fue de gravedad elevada ya que la instalación de las cámaras ocultas se limitó a la zona de las cajas, donde el grado de intimidad que el empleado puede alcanzar es reducida. Además, la vigilancia duró solo 10 días y las grabaciones fueron vistas por un número reducido de personas.

2. Alegación de un argumento legítimo por parte del empresario que justifique la medida. En este caso, la medida estaba justificada en fines legítimos pues existían fundadas sospechas de que se estaban cometiendo robos.

3. Existencia de medios menos intrusivos para la consecución del mismo objetivo. El TEDH considera que ninguna otra medida hubiera permitido alcanzar el objetivo perseguido, que no era otro que descubrir a los responsables de las pérdidas de productos.

4. Utilización por parte de la empresa del resultado de la medida de vigilancia. El empleador no utilizó las grabaciones para fines diferentes al objetivo perseguido.

Respecto del argumento de las trabajadoras de la falta de información previa sobre la existencia de las cámaras ocultas, el TEDH considera que esta ausencia se justifica por las razonables sospechas de que se estaban cometiendo graves irregularidades y en la amplitud de las faltas constatadas al estarse cometiendo por varios empleados. Por ello, concluye que los tribunales españoles no sobrepasaron su margen de apreciación y que no hubo vulneración del derecho al respeto de la vida privada y familiar al declarar procedente su despido tras haber sido grabadas con cámaras ocultas.

En cuanto a la vulneración del derecho a un juicio justo, el TEDH rechaza su existencia. Las grabaciones no fueron los únicos medios de prueba que los tribunales españoles tuvieron en cuenta para alcanzar su conclusión pues también se practicó la prueba testifical.

STEDH de 17 octubre de 2019. EDJ 2019/712499

Fuente: Actualidad Mementos Social​

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Un Juzgado de lo Social considera nulas las grabaciones obtenidas por el sistema de videovigilancia instalado en la empresa señalizado únicamente por un cartel informador de la presencia de cámaras, sin informar a los trabajadores de su instalación ni de la finalidad sancionadora con la que pueden ser utilizadas sus imágenes. No obstante, si los hechos pueden acreditarse por otro medio de prueba como es la testifical, el proceso puede seguir adelante e incluso declarar la procedencia de la sanción, en este caso, el despido.

 

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