Los tres candidatos a presidir la Sala de lo Penal exponen sus proyectos ante el CGPJ

Jurídico

Los tres candidatos a presidir la Sala de lo Penal exponen sus proyectos ante el CGPJ

Se postulan el exfiscal general Conde-Pumpido y los conservadores Colmenero y Marchena, siendo este último el que tiene más opciones.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta un nombramiento clave como es la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Dos magistrados conservadores, Manuel Marchena y Miguel Colmenero, y uno progresista, el ex fiscal general Cándido Conde-Pumpido, aspiran a dirigir la sala que investiga y juzga a altos cargos aforados como son ministros y miembros de las Cortes.

Manuel Marchena es quien parece contar con más apoyos para conseguir el puesto que ha venido ostentando Juan Saavedra, que se jubila hoy.

Esta vista será pública y servirá para que los vocales conozcan su tiempo de servicio activo, sus destinos en el área de lo penal o las resoluciones de especial relevancia jurídica y significativa calidad que han dictado.

Con los ERE encima de la mesa

Entre otros asuntos, la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene pendiente resolver en las próximas semanas si asume el caso de los EREs de Andalucía, si se limita a instruir sobre los nueve aforados que ha "preimputado" la juez Mercedes Alaya o si le devuelve lo actuado al Juzgado de Sevilla para que siga investigando.

Aunque Marchena parece ser el que cuenta con mayor número de apoyos del órgano de gobierno de los jueces, Colmenero podría tener también opciones. Este magistrado ha sido nombrado el instructor de la pieza de admisión sobre los ERE.


Los ocho vocales elegidos a propuesta del PSOE e Izquierda Unida podrían votar a favor de Conde-Pumido, con lo que el bloque formado por diez consejeros propuestos por el PP tendría que optar por fracturarse o dar un amplio respaldo a uno de los otros dos candidatos.

Los consejeros sugeridos por los nacionalistas, Mercé Pigem por CiU y Enrique Lucas Murillo por el PNV, podrían tener un papel decisivo e inclinar la balanza.

La presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo, que se encarga de analizar todos los recursos sobre delitos y examinar las causas contra personas 'aforadas', tiene cinco años de duración. A Conde-Pumpido le quedan cinco años para jubilarse, mientras que Colmenero lo haría dentro de siete y Marchena podría ser renovado al tener por delante 15 años.

De Cardenal a Garllardón

Colmenero y Marchena proceden de la Carrera Fiscal. El primero fue presidente de la conservadora Asociación de Fiscales y el segundo fue el fiscal de Sala más joven de la historia del Ministerio Público, 'número tres' de la Fiscalía General del Estado con Jesús Cardenal, en tiempos del Gobierno Aznar, y últimamente formó parte de una ponencia para asesorar al ministro Alberto Ruiz Gallardón en el intento de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Conde-Pumpido, perteneciente a una larga familia de juristas, se reincorporó como magistrado a la Sala Segunda del Supremo tras cesar como fiscal general del Estado, cargo en el que permaneció desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011. Fue portavoz de Jueces para la Democracia y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos o de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de la Unión Europea.


El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta un nombramiento clave como es la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Dos magistrados conservadores, Manuel Marchena y Miguel Colmenero, y uno progresista, el ex fiscal general Cándido Conde-Pumpido, aspiran a dirigir la sala que investiga y juzga a altos cargos aforados como son ministros y miembros de las Cortes.

Manuel Marchena es quien parece contar con más apoyos para conseguir el puesto que ha venido ostentando Juan Saavedra, que se jubila hoy.

Esta vista será pública y servirá para que los vocales conozcan su tiempo de servicio activo, sus destinos en el área de lo penal o las resoluciones de especial relevancia jurídica y significativa calidad que han dictado.

Con los ERE encima de la mesa

Entre otros asuntos, la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene pendiente resolver en las próximas semanas si asume el caso de los EREs de Andalucía, si se limita a instruir sobre los nueve aforados que ha "preimputado" la juez Mercedes Alaya o si le devuelve lo actuado al Juzgado de Sevilla para que siga investigando.

Aunque Marchena parece ser el que cuenta con mayor número de apoyos del órgano de gobierno de los jueces, Colmenero podría tener también opciones. Este magistrado ha sido nombrado el instructor de la pieza de admisión sobre los ERE.


Los ocho vocales elegidos a propuesta del PSOE e Izquierda Unida podrían votar a favor de Conde-Pumido, con lo que el bloque formado por diez consejeros propuestos por el PP tendría que optar por fracturarse o dar un amplio respaldo a uno de los otros dos candidatos.

Los consejeros sugeridos por los nacionalistas, Mercé Pigem por CiU y Enrique Lucas Murillo por el PNV, podrían tener un papel decisivo e inclinar la balanza.

La presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo, que se encarga de analizar todos los recursos sobre delitos y examinar las causas contra personas 'aforadas', tiene cinco años de duración. A Conde-Pumpido le quedan cinco años para jubilarse, mientras que Colmenero lo haría dentro de siete y Marchena podría ser renovado al tener por delante 15 años.

De Cardenal a Garllardón

Colmenero y Marchena proceden de la Carrera Fiscal. El primero fue presidente de la conservadora Asociación de Fiscales y el segundo fue el fiscal de Sala más joven de la historia del Ministerio Público, 'número tres' de la Fiscalía General del Estado con Jesús Cardenal, en tiempos del Gobierno Aznar, y últimamente formó parte de una ponencia para asesorar al ministro Alberto Ruiz Gallardón en el intento de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Conde-Pumpido, perteneciente a una larga familia de juristas, se reincorporó como magistrado a la Sala Segunda del Supremo tras cesar como fiscal general del Estado, cargo en el que permaneció desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011. Fue portavoz de Jueces para la Democracia y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos o de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de la Unión Europea.

 

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