Anulación de retribución del administrador por desproporcionada

Mercantil

Anulación de retribución del administrador por desproporcionada

La AP anula el acuerdo que fija la retribución del administrador único para un determinado año debido a que, si bien la misma era similar a la percibida en años precedentes, se produjo un cambio sustancial de circunstancias, como fue el cambio en la composición del capital, la reducción de la carga de trabajo, que en la actualidad se limita a la gestión de los alquileres del patrimonio inmobiliario, y, además, la retribución en cuestión suponía el 20% de lo facturado por alquileres, cuando un administrador de fincas -que ejerce funciones similares a la del administrador en cuestión- percibe en torno al 5%.

Los socios minoritarios de una sociedad mercantil, cuyo socio mayoritario y administrador único es su hermano, impugnan, entre otros acuerdos de junta general, el que fija la retribución del administrador para el ejercicio 2016 por importe de 78.867,54 euros. Conforme a lo previsto en los estatutos de la sociedad, «el cargo de administrador es retribuido y consistirá en una asignación fija que será aprobada año tras año por la junta general de socios».

El Juez de lo Mercantil desestima la impugnación debido a que, a su juicio, la retribución se ajusta a los estatutos, es acorde con la percibida en ejercicios anteriores y, además, es proporcionada, teniendo en cuenta el patrimonio gestionado por el administrador único (60 inmuebles) y que dicho administrador es a su vez el único trabajador de la empresa. En esta situación -considera el Juez de instancia-, la intromisión judicial en la fijación de la retribución del administrador sería una injerencia intolerable del poder judicial en el devenir de la sociedad y en el principio de libertad de empresa.

Apelada la sentencia, la Audiencia Provincial la revoca y anula la retribución acordada con fundamento en el abuso de derecho y la lesión del interés social.

Señala la Audiencia que la invocación del interés social como motivo de la impugnación de los acuerdos sociales constituye un valioso mecanismo de defensa de los intereses de la minoría frente a los posibles abusos en los que hubiera podido incurrir la mayoría al aprobar los acuerdos. Contra el criterio de la sentencia apelada, la mayoría no puede, con fundamento en el principio de libertad de empresa, adoptar los acuerdos que considere más adecuados a sus propios intereses aunque los mismos puedan resultar gravemente perjudiciales o lesivos para la minoría. El derecho societario no tolera la tiranía de la mayoría y por eso confía en un tercero, el juez, el control de los excesos en los que hubiera podido incurrir. El instrumento a través del cual se confía al juez la tutela de los derechos de la minoría consiste en la protección del interés social.

Entre los acuerdos a los que con frecuencia se ha aplicado esta doctrina de la defensa del interés social se encuentran, precisamente, los de fijación de la remuneración del administrador, particularmente cuando el cargo de administrador sea ostentado por el socio mayoritario , en la medida en que la fijación de una retribución excesiva pueda convertirse en instrumento a través del cual la mayoría imponga a la minoría una distribución de los beneficios distinta a la que determina la respectiva participación en el capital.

SAP Barcelona de 17 abril de 2019. EDJ 2019/561204

Fuente: Actualidad Mementos Mercantil​


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La DGRN entiende que, producido el cese del órgano de administración por la disolución de la sociedad y apertura de la liquidación, y habiendo sido designados liquidadores, que aceptan su cargo, no cabe prorrogar el cargo de los administradores a un momento posterior, por no resultar posible en nuestro ordenamiento la coexistencia de ambos órganos.

 

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