Sindicatos de la Administración Central registran el recurso contra la supresión de la paga extra

Laboral

Sindicatos de la Administración Central registran el recurso contra la supresión de la paga extra

Lo justifican por la necesidad de mantener unos servicios públicos de calidad para los ciudadanos y cargan contra los casos de corrupción.

La plataforma de sindicatos de la Administración General del Estado (AGE) han registrado el recurso contra la supresión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos, incluida en el decreto 'antidéficit' del pasado mes de julio. Este primer requerimiento se circunscribe al ámbito ministerial y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Arropados por casi un centenar de afectados por esta medida, que manifestaron su protesta con pitos y bocinas, los representantes sindicales hicieron entrega en el Centro de Información Administrativa (CIA) --donde alguno de sus funcionarios se preguntaba si debían o no coger número y esperar su turno-- del recurso administrativo.

Dicho trámite solicita la nulidad de las previsiones contenidas en el decreto, relativas a la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre del conjunto de los funcionarios adscritos a la Administración General del Estado.

También pide subsidiariamente el reintegro de las cantidades devengadas y no desembolsadas que se habían generado en el momento de la publicación y entrada en vigor de dicha norma de rango legal, calculadas en 45 días.

En declaraciones a los medios, el presidente del sector de Administración Central de CSI-F, Francisco Camarillo, ha avanzado que el próximo paso será presentar conflictos colectivos para el personal de la Administración central.

Con los ciudadanos, contra los corruptos

Dicho esto, Camarillo ha enfatizado que "si no hay empleo público no hay servicio público". "Luchamos por nuestros derechos, pero de alguna manera estamos luchando por los derechos de la ciudadanía", ha puntalizado.

En la misma línea, la secretaria federal de la Administración del Estado de UGT, Yolanda Palomo, ha llegado a decir que el recurso presentado este viernes es "una responsabilidad ético-moral, porque es una forma de preservar el derecho de los ciudadanos a los servicios públicos".

Según ha afirmado, el Gobierno está "despojando" a la ciudadanía de estos servicios "a costa del beneficio que están obteniendo ilícitamente muchas personas", en alusión a los casos de corrupción que han aflorado en los últimos días.

Contra el desmantelamiento del Estado del Bienestar

Asimismo, Palomo ha recalcado que "los empleados públicos merecen todo el respeto y el reconocimiento de unos políticos que les están utilizando como objetivo a demoler y a desacreditar". "Esto es una defensa del Estado del Bientestar y no pararemos hasta que el Gobierno dé marcha atrás y entre en razón", ha sentenciado.

Por su parte, el representante de CC.OO. en la plataforma, Francisco Cabezos, ha asegurado que la plataforma está luchando contra el "desmantelamiento" del Estado del Bienestar y la "denigración" de lo público, que es "para todos y no para una minoría que lo que busca es hacer negocio".

En este punto, también ha señalado que con la reforma de las administraciones públicas, lo que está buscando el Gobierno es "el despido" de sus trabajadores, "sobre los que quiere hacer recaer su negligencia". "Quieren seguir destruyendo empleo en lo público, sobre todo al ámbito local y de las comunidades autónomos", ha añadido.

"Si hay dinero para pagar a los bancos que no lo detraigan de los costes ni lo carguen a las espaldas y a las costillas de los trabajadores", ha sentenciado.


 

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