La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, considera que con la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia "en vez de construir un pilar del bienestar social, se han construido 17 columnas distintas" y por eso propone medidas para unificar la asistencia a nivel nacional, creando un único catálogo de servicios, unificando el baremo de valoración y estableciendo los mismos criterios para determinar la capacidad económica de los usuarios. En su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, Mato ha incidido en la importancia de esta medida porque "el baremo único de valoración y los criterios comunes para determinar la capacidad económica de los beneficiarios garantizan su acceso en condiciones de igualdad" al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).

Esta iniciativa se enmarcará en un acuerdo con las comunidades autónomas que se adoptará en el Pacto por la Sanidad y los Sociales, donde Mato propondrá también que se introduzca en los criterios de financiación de la dependencia "una ponderación que incentive la atención a través de servicios profesionales, como forma de conseguir una mejor calidad y generación de empleo".

Asimismo, se incluirán acciones dirigidas a la "sensibilización sobre un uso responsable y solidario de los usuarios y beneficiarios" y a simplificar el procedimiento para adquirir el reconocimiento de personas en situación de dependencia, "buscando la eficiencia", para que los beneficiarios accedan a las prestación a que tienen derecho "lo antes posible".

La intención es, según ha dicho, es "que ante mismas situaciones personales de dependencia, se reciban los mismos servicios y prestaciones", así como "priorizar la prestación de servicios" desde la perspectiva de la generación de empleo, apostando por la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la atención residencial y el cuidador profesional.

"Quiero dejar muy claro mi compromiso con el desarrollo de la Ley de Atención a la Dependencia como reconocimiento al avance que ha supuesto en la protección social de nuestro país", ha afirmado la ministra, para incidir en su intención de "sacar de la controversia política la dependencia y ofrecer el diálogo para buscar el consenso más amplio". "Es el momento de recuperar los Principios de la ley", ha añadido.

En esta línea, Mato ha criticado que cinco años de la aprobación de la ley, "existe un absoluto desfase entre las previsiones tanto en número de dependientes como en financiación", la orientación en las prestaciones concedidas "no ha generado las expectativas de creación de empleo", y esta preponderancia de las ayudas económicas "genera mayores costes" y afecta a la calidad de la atención".

En respuesta a las demandas de información por parte de los grupos parlamentarios sobre la congelación de la entrada en el sistema de dependientes moderados, Mato se ha extendido sobre este asunto para incidir en que es una medida que el Gobierno "no quería adoptar y hubiera preferido no adoptar" pero a la que se ha visto obligado para "garantizar" la atención al resto de dependientes que ya estaban en el SAAD.

La ministra ha reconocido que esta decisión "puede plantear problemas legales en algunos casos" ya que con la norma en la mano, los ciudadanos podrían denunciar a la Administración General del Estado. "Yo entiendo que algunos ciudadanos acudan a los tribunales, lo respeto y acataremos lo que digan", ha señalado.

En cualquier caso, durante su turno de réplica, la ministra ha incidido en la idea de alcanzar un gran acuerdo con las comunidades autónomas y los órganos competentes acerca de los mínimos de atención garantizados en todo el país para los dependientes y de la cartera básica de servicios sociales a fin principalmente de coordinar ambos aspectos. Este acuerdo, según ha dicho, llegará después al Parlamento para consensuar una ley de servicios básicos en la que quede reflejado.

EMPLEO Y DISCAPACIDAD

Por otra parte, Mato, que ha anunciado que comparecerá próximamente ante la Comisión parlamentaria de Estudio de las Políticas de Discapacidad; ha avanzado no obstante, que el Gobierno pondrá en marcha el "Plan de Acción (2012-2015)" así como promoverá "un nuevo marco legal de promoción laboral" para la incorporación al empleo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones ya que "es necesario actualizar" el vigente.

"En este nuevo marco, revisaremos todas las herramientas de las que dispone la administración para incentivar el empleo de las personas con discapacidad, como impulsar la contratación socialmente responsable en las administraciones públicas, reforzar el seguimiento y control de la reserva del 2% de puestos de trabajo en empresas con más de 50 trabajadores y actualizar la relación laboral de carácter especial de estos trabajadores en los centros especiales de empleo", ha explicado.

EL ESTATUTO DEL MAYOR

Por otra parte, la ministra ha anunciado la próxima puesta en marcha del Estatuto del Mayor, que recogerá "sus derechos frente a cualquier forma de discriminación" y garantizará "su participación social y su acceso a los servicios sociales". Se elaborará, según ha dicho, con la participación de las organizaciones de personas mayores y en el ámbito del Consejo Estatal Nacional de las personas mayores.

Este estatuto incluirá políticas que actúen "sobre el mal endémico de la soledad entre las personas muy mayores", que refuercen "la humanización en el trato que reciben" y sensibilización social para mejorarla, así como desarrollo del envejecimiento activo y la protección general de los derechos de las personas mayores, promoción de la autonomía personal e iniciativas transversales de relaciones intergeneracionales y participación. "Estaremos especialmente vigilantes al maltrato y a la discriminación por edad", ha añadido.

"PARALIZAN LA DEPENDENCIA"

En respuesta a su intervención, la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión, Soledad Pérez, ha criticado que el Gobierno "paralizó" la Dependencia "dejando sin derecho a miles de ciudadanos" y lo hicieron sin contar para ello con las comunidades autónomas ni los grupos parlamentarios. "Comenzamos mal, pero podemos arreglarlo. Consensuemos y defensamos los derechos de ciduadanía que nos hemos dado todos", ha señalado la diputada.

Desde CiU, el portavoz en Servicios Sociales, Carles Campuzano, ha incidido en que "sin abodar a fondo la financiación de la ley de Dependencia todo este debate no deja de ser un punto retórico" ya que en su opinión, "en el centro del acuerdo tiene que estar cómo se financian las políticas" de forma "estable y segura en el medio plazo", así como ha pedido plantear el "prepago", estudiando la viabilidad de "un aseguramiento obliatorio a partir de cierta edad para garantizar la atención a la dependencia".

Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardá ha puesto el acento en que la Ley de Dependencia establece "un derecho subjetivo" y "da preeminencia a lo público", algo "sagrado", en su opinión, que ha pedido que se respete. UPyD ha expuesto que las competencias en la materia son principalemnte de las comunidades autónomas, algo que también ha abordado la portavoz Popular, Susana Camarero, aunque para defender la labor de las autonomías en la aplicación de la norma.

"Aunque a algunos les guste cargar las tintas contra las comunidades autónomas, yo creo que están haciendo un gran esfuezo por mantener el Estado del Bienestar. No es su responsabilidad ni de este gobierno la situación actual", ha asegurado.