Jueces para la Democracia rechaza la reforma laboral por ser "profundamente injusta"

Laboral

Jueces para la Democracia rechaza la reforma laboral por ser "profundamente injusta"

La asociación advierte de que seguirán aplicando la Constitución para evitar los "abusos" empresariales que facitlita la reforma

Jueces para la Democracia ha considerado que la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado viernes constituye uno de los "mayores ataques" al derecho del trabajo y a las instituciones laborales y es "profundamente injusta", según informa la asociación en un comunicado.

Además, la asociación alerta de que el contenido del Real Decreto Ley 3/2012 de medias urgentes para la reforma del mercado laboral "materializa una reforma ofensiva, regresiva y reaccionaria" y va en contra de lo estipulado por el Estatuto de los Trabajadores.

Al respecto, los jueces criticaron la aprobación del Real Decreto Ley sin previa negociación con los agentes sociales, sobre la base de una urgencia que "se utiliza para atacar a la esencia misma del derecho del trabajo", ya que con ella desaparece el "tradicional" equilibrio entre las partes de la relación de trabajo.

Sin embargo, Jueces para la Democracia recuerda que la reforma laboral introducida por Ley 35/2010 y la posterior Ley 27/2011 en materia de Seguridad Social fueron la "antesala" de la actual y que todas ellas se plantearon como "imprescindibles" para la creación de empleo, cuando "no solo no han generado empleo, sino que han contribuido a su imparable destrucción".

Las reformas en materia de Seguridad Social han supuesto un "sustancial avance" hacia la consolidación de la progresiva reducción del sistema público de protección social, ya que otorga a los empresarios la facultad de disposición "cuasi absoluta" en materia laboral.

SEGUIRÁN APLICANDO LA CONSTITUCIÓN.

Jueces para la Democracia advierte de que los magistrados asociados continuarán aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales con el objetivo de poner freno a los posibles abusos que tan "amplias posibilidades" de disposición del contrato de trabajo se han otorgado al empresario.

Entre los posibles abusos que presenta la reforma laboral, los jueces inciden en que debilita el papel de los sindicatos y de la negociación colectiva, al dar al empresario la posibilidad de modificar la retribución pactada o las posibilidades de descuelgue, no sólo salarial, sino de la integridad del convenio, limitando la ultra-actividad de su contenido.

Además, los jueces consideran que la tutela normativa que había venido otorgándose al trabajador se mercantiliza desde el acceso al empleo, "descentralizándose" en las ETT la colocación, que debía ser la actividad preferente de un servicio público de empleo.

Por otro lado, consideran que el nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores "desvirtúa" la propia finalidad del período de prueba, al fijarlo en un año de duración, reconvirtiéndolo en un contrato a término.

Por último, la asociación considera que la "nueva degradación" de la causalidad en el despido, que se podrá justificar cuando existan tres trimestres de caída de las ventas, y la supresión de la autorización administrativa en despidos colectivos, son contrarias al derecho constitucional al trabajo que consagra el artículo 35 de la Constitución Española.


Jueces para la Democracia ha considerado que la reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado viernes constituye uno de los "mayores ataques" al derecho del trabajo y a las instituciones laborales y es "profundamente injusta", según informa la asociación en un comunicado.

Además, la asociación alerta de que el contenido del Real Decreto Ley 3/2012 de medias urgentes para la reforma del mercado laboral "materializa una reforma ofensiva, regresiva y reaccionaria" y va en contra de lo estipulado por el Estatuto de los Trabajadores.

Al respecto, los jueces criticaron la aprobación del Real Decreto Ley sin previa negociación con los agentes sociales, sobre la base de una urgencia que "se utiliza para atacar a la esencia misma del derecho del trabajo", ya que con ella desaparece el "tradicional" equilibrio entre las partes de la relación de trabajo.

Sin embargo, Jueces para la Democracia recuerda que la reforma laboral introducida por Ley 35/2010 y la posterior Ley 27/2011 en materia de Seguridad Social fueron la "antesala" de la actual y que todas ellas se plantearon como "imprescindibles" para la creación de empleo, cuando "no solo no han generado empleo, sino que han contribuido a su imparable destrucción".

Las reformas en materia de Seguridad Social han supuesto un "sustancial avance" hacia la consolidación de la progresiva reducción del sistema público de protección social, ya que otorga a los empresarios la facultad de disposición "cuasi absoluta" en materia laboral.

SEGUIRÁN APLICANDO LA CONSTITUCIÓN.

Jueces para la Democracia advierte de que los magistrados asociados continuarán aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales con el objetivo de poner freno a los posibles abusos que tan "amplias posibilidades" de disposición del contrato de trabajo se han otorgado al empresario.

Entre los posibles abusos que presenta la reforma laboral, los jueces inciden en que debilita el papel de los sindicatos y de la negociación colectiva, al dar al empresario la posibilidad de modificar la retribución pactada o las posibilidades de descuelgue, no sólo salarial, sino de la integridad del convenio, limitando la ultra-actividad de su contenido.

Además, los jueces consideran que la tutela normativa que había venido otorgándose al trabajador se mercantiliza desde el acceso al empleo, "descentralizándose" en las ETT la colocación, que debía ser la actividad preferente de un servicio público de empleo.

Por otro lado, consideran que el nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores "desvirtúa" la propia finalidad del período de prueba, al fijarlo en un año de duración, reconvirtiéndolo en un contrato a término.

Por último, la asociación considera que la "nueva degradación" de la causalidad en el despido, que se podrá justificar cuando existan tres trimestres de caída de las ventas, y la supresión de la autorización administrativa en despidos colectivos, son contrarias al derecho constitucional al trabajo que consagra el artículo 35 de la Constitución Española.

 

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