El Gobierno gasta 5,5 céntimos en informar a cada trabajador de su vida laboral

Laboral

El Gobierno gasta 5,5 céntimos en informar a cada trabajador de su vida laboral

El envío que, desde 2002, hace anualmente el Ministerio de Empleo de la información de la vida laboral y la base de cotización le ha costado en este ejercicio 1,22 millones de euros más IVA, lo que arroja una media por trabajador de 5,5 céntimos en esta campaña.

Así consta en una respuesta escrita del Ejecutivo al presidente de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, que recoge Europa Press, y en la que precisa que el contrato se licitó por 2,35 millones de euros pero que finalmente se adjudicó por 1,22 millones de euros, sin incluir en dicha cantidad una posible prórroga de la campaña que, "con toda probabilidad, no se llegará a ejecutar".

Además, el departamento que dirige Fátima Báñez precisa que la impresión y envío de estas comunicaciones están externalizados desde que comenzaron a ejecutarse estas campañas informativas porque anualmente se remiten 22 millones de cartas, lo que "requiere de la contratación de una empresa especializada" para "ahorrar costes económicos" a la par que se "agiliza la gestión" del procedimiento.

"No es posible la realización del envío de las comunicaciones de las vidas laborales y las bases de cotización a través de los medios propios de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, como tampoco se realiza respecto de otros actos de comunicación de la Seguridad Social, que también son externalizados, como las reclamaciones de deuda", afirma el Ministerio.

Fomento de la administración electrónica

Sí se emplean los recursos propios de la Seguridad Social, no obstante, para remitir certificaciones particulares solicitadas por vía telefónica o telemática. "En la actualidad, la Seguridad Social está realizando importantes esfuerzos en la implementación y el impulso de la plataforma electrónica y la eliminación del soporte papel en sus relaciones con los ciudadanos. Esto, claro está, se ha de hacer de manera paulatina y con un periodo transitorio en atención a garantizar los derechos de los ciudadanos", añade el Gobierno.

En este sentido, también se ha puesto en marcha "recientemente" la prestación de servicios por vía del mensaje de texto (SMS) y, "según los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Reformas para 2012, se encuentran en fase avanzada de tramitación tres Órdenes Ministeriales para el reforzamiento de la Administración electrónica".

Comunicación obligatoria

Según destaca Empleo, esta campaña anual de comunicaciones "cobra especial importancia" desde que se aprobó la ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que entrará en vigor el próximo 1 de enero y que obliga a la Administración pública a informar a los trabajadores sobre sus futuros derechos a la jubilación ordinaria.

"La información deberá facilitarse con la misma periodicidad y en términos comparables y homogéneos con la suministrada por la Seguridad Social. Por tanto, se garantiza a los trabajadores el conocimiento de la información obrante en las bases de datos de la Seguridad Social, posibilitándoseles conocer sus expectativas de generación de derechos a pensiones", recuerda el Gobierno.

Así, los ciudadanos podrán "detectar posibles errores o incumplimientos por parte de las empresas y tramitar la correspondiente reclamación por parte de los trabajadores o incoar las oportunas actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo", concluye la respuesta parlamentaria.


Así consta en una respuesta escrita del Ejecutivo al presidente de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, que recoge Europa Press, y en la que precisa que el contrato se licitó por 2,35 millones de euros pero que finalmente se adjudicó por 1,22 millones de euros, sin incluir en dicha cantidad una posible prórroga de la campaña que, "con toda probabilidad, no se llegará a ejecutar".

Además, el departamento que dirige Fátima Báñez precisa que la impresión y envío de estas comunicaciones están externalizados desde que comenzaron a ejecutarse estas campañas informativas porque anualmente se remiten 22 millones de cartas, lo que "requiere de la contratación de una empresa especializada" para "ahorrar costes económicos" a la par que se "agiliza la gestión" del procedimiento.

"No es posible la realización del envío de las comunicaciones de las vidas laborales y las bases de cotización a través de los medios propios de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, como tampoco se realiza respecto de otros actos de comunicación de la Seguridad Social, que también son externalizados, como las reclamaciones de deuda", afirma el Ministerio.

Fomento de la administración electrónica

Sí se emplean los recursos propios de la Seguridad Social, no obstante, para remitir certificaciones particulares solicitadas por vía telefónica o telemática. "En la actualidad, la Seguridad Social está realizando importantes esfuerzos en la implementación y el impulso de la plataforma electrónica y la eliminación del soporte papel en sus relaciones con los ciudadanos. Esto, claro está, se ha de hacer de manera paulatina y con un periodo transitorio en atención a garantizar los derechos de los ciudadanos", añade el Gobierno.

En este sentido, también se ha puesto en marcha "recientemente" la prestación de servicios por vía del mensaje de texto (SMS) y, "según los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Reformas para 2012, se encuentran en fase avanzada de tramitación tres Órdenes Ministeriales para el reforzamiento de la Administración electrónica".

Comunicación obligatoria

Según destaca Empleo, esta campaña anual de comunicaciones "cobra especial importancia" desde que se aprobó la ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que entrará en vigor el próximo 1 de enero y que obliga a la Administración pública a informar a los trabajadores sobre sus futuros derechos a la jubilación ordinaria.

"La información deberá facilitarse con la misma periodicidad y en términos comparables y homogéneos con la suministrada por la Seguridad Social. Por tanto, se garantiza a los trabajadores el conocimiento de la información obrante en las bases de datos de la Seguridad Social, posibilitándoseles conocer sus expectativas de generación de derechos a pensiones", recuerda el Gobierno.

Así, los ciudadanos podrán "detectar posibles errores o incumplimientos por parte de las empresas y tramitar la correspondiente reclamación por parte de los trabajadores o incoar las oportunas actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo", concluye la respuesta parlamentaria.

 

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