La Comisión Europea presentará una propuesta de reforma de la normativa sobre contratación pública, que representan alrededor del 17% del PIB comunitario, en diciembre.

Las pymes reciben actualmente la adjudicación del 31% al 38% del total de los contratos públicos, mucho menos de lo que deberían de acuerdo con la cuota global que representan en la economía (52% del volumen de negocios), según denuncia la Eurocámara.

Los diputados sostienen que dividir los contratos públicos en lotes daría a las pymes más posibilidades de participar en adjudicaciones públicas. También solicitan a la Comisión que, teniendo presente la futura revisión de las directivas, "evalúe si son necesarias más normas sobre la adjudicación de subcontratos, por ejemplo sobre la determinación de la cadena de responsabilidades, en particular para evitar que los subcontratistas de las pymes sean sometidos a condiciones peores que las que se aplican al contratista principal al que se ha adjudicado el contrato público".

La Eurocámara denuncia que las actuales normas de contratación pública hacen que la licitación de contratos sea complicada y costosa. Para reducir la carga administrativa, los diputados proponen la creación de un "pasaporte de contratación electrónico" aceptado por todos los Estados miembros y en el que se mencione que las empresas cumplen las condiciones que requiere la legislación de la UE sobre contratación pública.

Otras medidas para eliminar las barreras administrativas pueden incluir el uso de autodeclaraciones cuando sea factible, y sólo solicitar documentos originales a los candidatos preseleccionados o al adjudicatario, evitando posibles retrasos o distorsiones del mercado causadas por declaraciones incorrectas.

En la adjudicación el criterio del "precio más bajo" debe pasar a un segundo plano. Éste debería ser sustituido por la adjudicación a aquel que ofrezca "la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico incluyendo el coste total del ciclo de vida, y teniendo en cuenta el coste de la contaminación del medio ambiente cuando ello sea posible", defiende la Eurocámara.

Los eurodiputados subrayan que esta medida se dirige especialmente a los alimentos en hospitales, centros de cuidado de ancianos, escuelas y jardines de infancia donde los métodos de producción y calidad juegan un papel importante.