Durante su primera intervención en el debate, la ministra ha recordado a los parlamentarios que su "responsabilidad es afrontar y solucionar con valentía, determinación y astucia los desafíos" que el sistema tiene por delante, lo que incluye el debate sobre el factor de sostenibilidad que se abrirá próximamente en un comité de expertos que, en un plazo de mes y medio, deberá presentar un informe al Pacto de Toledo para debatirlo "ampliamente", lo mismo que con los agentes sociales.

"El sistema de pensiones goza de buena salud, pero es nuestra obligación trabajar para que el paso de los años no lo deteriore. El sistema de pensiones es el corazón del Estado de Bienestar, y va por la tranquilidad de los ciudadanos que actuemos con diálogo, transparencia y determinación, porque su sostenibilidad es la mayor contribución que podemos hacer en el medio y largo plazo a todos los españoles", ha proclamado.

Antes de resumir los principales cambios que introduce el decreto en la legislación vigente en materia de jubilación anticipada, parcial y compatibilización de trabajo y pensión, la ministra ha insistido en que la norma "contiene la reforma necesaria para avanzar en la sostenibilidad y coherencia del sistema público de pensiones, que necesita de ajustes periódicos aunque goza de buena salud".

No actuar es perjudicial

Además, la ministra ha recordado que la sostenibilidad de la Seguridad Social "no puede ser sólo un loable desideratum a futuro, sino un objetivo irrenunciable" por el que hay que trabajar desde ya porque, aunque su consecución es a largo plazo, "el mero paso del tiempo tiene consecuencias".

Tras reconocer que la reforma aprobada por el anterior Ejecutivo en 2011 ya introduzco mejoras "no son suficientes" para atajar "los desafíos demográficos" a los que ya están haciendo frente otros estados desarrollados, sobre todo ante la "previsión de que la ratio entre pensionistas y trabajadores siga cayendo en el futuro". Concretamente, la Comisión Europea estima que en 2060 el peso de las pensiones en el PIB habrá pasado del 10,1% actual al 13,7%.

"Nuestro compromiso abarca no sólo a las actuales generaciones de pensionistas sino también a las futuras. Los ciudadanos nos han elegido para que seamos capaces de reformar lo que no funciona, y el sistema no puede funcionar cuando la mitad de las jubilaciones son anticipadas, con pensiones un 16% superiores de media a las pensiones ordinarias", ha añadido.

Con diálogo social

Báñez ha subrayado asimismo que en la preparación del decreto ha primado el "diálogo" tanto con los agentes sociales como con los grupos parlamentarios, fruto del cual se han presentado medidas para adecuar las cotizaciones a la evolución de las pensiones y resolver las "lagunas" existentes.

Así, ha señalado que en las jubilaciones anticipadas se mantiene la diferenciación entre voluntarias e involuntarias, y que los principales cambios consisten en el incremento de los coeficientes reductores "para tener más en cuenta la carrera de cotización". Además, se incrementa "gradualmente" la edad mínimo de acceso a esta opción en paralelo al incremento de la edad de jubilación ordinaria.

Los cambios en la jubilación parcial buscan "reconducir esta modalidad a su objetivo original, que no es otro que facilitar la transmisión intergeneracional de conocimientos y experiencia". Para ello, se "restringe la posibilidad de que sea una forma privilegiada de acceso a la jubilación" ya que supone un coste de 80.000 euros por ciudadano a las arcas públicas cada año. Para ello, se limita la reducción de jornada posible cuando no haya un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo.

Para prolongar la vida activa, el Gobierno también establece un nuevo régimen de compatibilización de pensión y salario "sin menoscabo financiero para el sistema", lo que según la titular de Empleo permitirá tener un "régimen más equitativo y justo para todos".

El resto del decreto introduce modificaciones en las penalizaciones a las empresas que despidan a trabajadores mayores de 50 años de forma discriminatoria, en función del porcentaje que representen dentro de la plantilla y en el despido colectivo; y se vincula el acceso al subsidio de desempleo para mayores de 55 a la renta familiar, para limitarlo a "situaciones de verdadera necesidad".

"Nadie que lo necesite verdaderamente dejará de percibir este subsidio", ha asegurado la ministra, cuantificando en el 20% de los 400.000 beneficiarios actuales las familias que tienen rentas suficientes para salir adelante sin esta ayuda pública. No obstante, la ministra ha asegurado que ninguno de los actuales perceptores del subsidio lo perderán como consecuencia de este decreto.