La acción del Gobierno respeta el contenido de los convenios de la OIT

Laboral

La acción del Gobierno respeta el contenido de los convenios de la OIT

Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se defiende la participación y el diálogo social con los agentes sociales.

La acción del Gobierno en materia laboral ha respetado y va a seguir respetando el contenido de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente en lo referido a la participación y el diálogo con los agentes sociales.

En la misma línea de reformas seguidas hasta ahora, el Ejecutivo va a continuar trabajando buscando el mayor consenso posible con los interlocutores sociales, ya que considera que el diálogo social sigue siendo la manera más eficaz para resolver los problemas que se deben afrontar en el actual contexto económico y social.

Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que dirige Fátima Báñez, se viene defendiendo con carácter general la participación y el diálogo social con los agentes sociales, voluntad que se ha materializado a propósito de diversas materias, entre las que destaca el diseño de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven o la reforma de las políticas activas de empleo.

En la elaboración de dicha Estrategia de Emprendimiento, que se ha planteado con un enfoque abierto y con la necesidad de que sea posible con el concurso de todos, se ha contado con la participación de los interlocutores sociales a lo largo de más de tres meses de trabajo y numerosas reuniones.

El Gobierno, en el ámbito de las políticas activas de empleo y de acuerdo con las recomendaciones de instituciones nacionales e internacionales, ha iniciado una reforma profunda para orientar dichas políticas a la consecución de resultados reforzando su eficacia y fomentando la eficiencia en las decisiones de gasto.

El papel de los interlocutores sociales es clave para la difusión de este nuevo modelo de formación así como para la implantación de las medidas de políticas activas de empleo en el ámbito autonómico, toda vez que la ejecución de las políticas activas es competencia de las Comunidades Autónomas, que deberán velar por la participación de los agentes sociales.


 

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