El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto de reforma laboral que garantiza mayor flexibilidad a la hora de fijar salarios y jornadas y que crea un nuevo contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores que contraten a menores de 30 años, con el apoyo de 197 diputados provenientes de PP, CiU, UPN y FAC de los que 339 que han votado.

CiU se decantó finalmente por apoyar el decreto después de las garantías que los nacionalistas catalanes aseguran haber recibido del Gobierno para limar en la tramitación parlamentaria las posibles dudas competenciales en torno a las políticas activas de empleo.

Tanto PSOE como Izquierda Plural, PNV, UPyD y el resto del Grupo Mixto, hasta un total de 142 diputados, rechazaron el decreto al considerar que reduce los derechos de los trabajadores y traerá una mayor destrucción de empleo. No hubo ninguna abstención.

Una vez convalidado el real decreto, los grupos han aceptado por unanimidad su tramitación como proyecto de Ley. A partir de ahora, se abrirá un primer plazo de enmiendas a la totalidad, que debería ir acompañada de un texto alternativo, y parciales.

Enmienda a la totalidad

Los socialistas ya tienen anunciada su propia propuesta alternativa que, según han avanzado, se basará en la reforma realizada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y contra la que se convocó una huelga general, y en el acuerdo alcanzado por los agentes sociales a finales de enero en relación con la moderación salarial y la negociación colectiva.

Una vez se vea qué cambios acepta el Gobierno, que ya ha avanzado que no modificará el eje central de la reforma, los socialistas decidirán si presentan un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), una opción que la Izquierda Plural quiere adoptar ya contra el propio decreto ley, pero que requiere reunir al menos 50 diputados. Además, la Izquierda Plural también ha dejado este jueves la puerta abierta a la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad.

Además, tanto CiU como los partidos catalanes de izquierdas (PSC,ICV-EUiA, ERC y SI) han presentado sendas solicitudes ante el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña para que estudie si la reforma invade competencias en materia de autoridad laboral.

Báñez llama al diálogo social con los grupos

Durante su intervención en el debate para la convalidación del real decreto, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha apostado por "el diálogo social, el diálogo permanente y el diálogo hasta el final" y ha reiterado hasta en tres ocasiones que la reforma laboral se ha gestado con la participación de los agentes sociales. Tampoco ha dejado pasar la oportunidad para dejar clara la constitucionalidad de la norma.

Asimismo, la ministra de Empleo pidió al PSOE que "abandone las movilizaciones y las pancartas" y que sea "leal" como, según aseguró, lo fue el PP ante la reforma laboral del Gobierno socialista en 2010, que provocó la última huelga general.

En este sentido, le instó a la bancada socialista a realizar "propuestas concretas" durante la tramitación parlamentaria de la reforma y recordó que los ‘populares’ presentaron hasta 71 enmiendas a la suya. "Construyan, colaboren y ayuden", les espetó.

Y es que los sindicatos han convocado durante las últimas semanas todo un calendario de movilizaciones contra la reforma, y aún debaten si convocan una huelga general (se baraja la fecha del 29 de marzo), algo que podrían desvelar mañana, tras la reunión de sus máximos órganos de dirección entre congresos.

Las centrales han elaborado además un documento de alternativas a la reforma laboral que han remitido al Gobierno para abrir un proceso de diálogo (reiterado en dos cartas enviadas al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy) y que, hasta este momento, no ha recibido respuesta.

La izquierda cree que la reforma destruirá más empleo

Por su parte, la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, espetó al Gobierno, en el momento más acalorado del debate, que la reforma laboral "ideológica" presentada al Congreso es "el ajuste de cuentas de la derecha más radical de este país contra los derechos sociales de los trabajadores" y aseguró que es "inútil" porque "no va a crear empleo".

La socialista justificó "con convicción" su voto en contra de una "mala, malísima, reforma" que es "útil, pero para el objetivo no expresado en la norma: facilitar el despido", porque económicamente es "una barbaridad porque destruye empleo en un momento de recesión económica y grandes ajustes presupuestarios".

El diputado de ICV Joan Coscubiela tachó la reforma de "injusta, ineficaz e inútil", argumentando que las causas del desempleo estriban en "la economía asfixiada por una sistema financiero que ha obstruido la financiación y una absurdo ajuste presupuestario".

Por su parte, el diputado de PNV Emilio Olabarria alertó de que con esta reforma se puede "hacer algo peor que destruir empleo: puede acabar con el sector laboral del ordenamiento jurídico", y criticó que las medidas incluidas en el decreto reduce los derechos de lactancia, dificulta la conciliación al introducir la posibilidad de hacer horas extra en contratos temporales, y pone trabas al acceso de la mujer al mercado laboral.

Tampoco UPyD está a favor de la reforma. Su portavoz, Rosa Díez, considera que la reforma "no es equilibrada ni completa y le faltan cosas", mientras que la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, considera que la reforma provocará un "desequilibrio en la incorporación de los más jóvenes al mercado de trabajo" y será "un zapatazo encima de la mesa de los derechos laborales".

Despido bueno, bonito y barato

Por parte de Compromís, Joan Baldoví dijo que el Gobierno quiere "un despido bueno, bonito y barato" y recordó que "detrás de los efectos del ‘decretazo’ hay personas", mientras que la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramás, reclamó que no se rompa el diálogo social "de la noche a la mañana".

La nacionalista gallega Olaia Fernández Davila dijo, en la misma línea, que el decreto "actuará como una apisonadora lista para deshacer el camino de avances conseguidos en el terreno de la igualdad que tanta lucha ha costado", y el portavoz de ERC, Joan Tardá, consideró que el decreto ley ampara un "verdadero terrorismo empresarial" y permite la creación de "la figura del esclavo laboral de la sociedad postindustrial del siglo XXI".

Finalmente, Sabino Cuadra, de Amaiur, afirmó que la reforma se basa en "la cansina milonga según la cual todo lo que está haciendo este Gobierno favorecerá la creación de empleo", aunque realmente lo que hace la reforma es "convertir al trabajador en mano de obra cleenex".