La CE exige a España que acabe con discriminación de extranjeros en acceso a empleo en sector público

Laboral

La CE exige a España que acabe con discriminación de extranjeros en acceso a empleo en sector público

Si no se corrige la situación en dos meses, llevará el caso al Tribunal de Luxemburgo

La Comisión Europea ha dado este jueves un ultimátum a España para que acabe con la discriminación de los trabajadores extranjeros en el acceso al empleo en el sector público. En concreto, Bruselas exige que, a la hora de contratar y al determinar las condiciones de trabajo (salario, grado o perspectivas de carrera) se compute la experiencia previa en otros Estados miembros.

El caso se refiere a las disposiciones discriminatorias vigentes en varias comunidades autónomas, como Andalucía, Galicia o Madrid, y a su aplicación en particular a profesores y profesionales sanitarios. No sólo afecta a los extranjeros sino también a los españoles que han trabajado en otros Estados miembros.

El ultimátum se presenta en forma de dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no han corregido los problemas detectados, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.


La Comisión Europea ha dado este jueves un ultimátum a España para que acabe con la discriminación de los trabajadores extranjeros en el acceso al empleo en el sector público. En concreto, Bruselas exige que, a la hora de contratar y al determinar las condiciones de trabajo (salario, grado o perspectivas de carrera) se compute la experiencia previa en otros Estados miembros.

El caso se refiere a las disposiciones discriminatorias vigentes en varias comunidades autónomas, como Andalucía, Galicia o Madrid, y a su aplicación en particular a profesores y profesionales sanitarios. No sólo afecta a los extranjeros sino también a los españoles que han trabajado en otros Estados miembros.

El ultimátum se presenta en forma de dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no han corregido los problemas detectados, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 

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