La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el factor de sostenibilidad, que actualmente está siendo debatido en el Pacto de Toledo, "garantizará pensiones justas para todos los españoles".

Así lo ha dicho en respuesta a una batería de preguntas de la bancada socialista durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, en la que el PSOE ha acusado al Gobierno de tratar de rebajar las pensiones y los salarios de los trabajadores por una razón puramente "ideológica".

Así, en este intercambio de ‘golpes’ en el que la ministra de Empleo se ha defendido acusando al PSOE de "mentir" y crear "alarma" entre los ciudadanos, Báñez ha recalcado que hasta ahora sólo se está hablando de un informe técnico de expertos sobre pensiones, ya que, de momento, "no hay una propuesta del Gobierno".

En todo caso, Báñez ha asegurado que en el ideario del Ejecutivo no está que el sistema de pensiones deje de ser "público y de reparto", a lo que añadido que su intención "es hablar con el PSOE, el resto de los grupos parlamentarios y con los agentes sociales y hacer entre todos el mejor factor de sostenbilidad".

Por parte del Grupo Socialista, la diputada Magdalena Valerio ha asegurado pese a todo que el informe de los expertos está generando "incertidumbre" entre la sociedad, y le ha acusado de utilizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones "como pretexto para recortar las pensiones ya". "Quieren fastidiar a más de 8 millones de pensionistas", le ha echado en cara.

Ante estas acusaciones, Báñez ha respondido que "la única incertidumbre es la alarma que permanentemente provoca las mentiras del PSOE en el Congreso" y ha pedido a los socialistas "más compromiso y menos demagogia".

Nadie quedará desprotegido hasta la jubilación

Pero el debate también se ha centrado en las fases previas al acceso a la pensión de jubilación. Así, la diputada socialista Concha Gutiérrez ha mostrado en el Pleno una instrucción del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el que supuestamente se insta a dejar de abonar el subsidio por desempleo para mayores de 55 años cuando los beneficiarios alcancen los 61 años.

Báñez ha asegurado que la Ley General de la Seguridad Social indica que el subsidio se extiende hasta el momento efectivo de la jubilación del beneficiario, por lo que le ha pedido al PSOE que "no alarme ni diga falsedades".

"Ninguna de esas personas quedará desprotegida, no dejara de cobrar el subsidio hasta la jubilación sea la edad que sea", ha garantizado.

A renglón seguido, la ministra de Empleo ha explicado que la instrucción es simplemente "de gestión" para que el SEPE y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) "verifiquen" la edad del beneficiario y determinen la edad a la que se jubilará.

No obstante, la diputada socialista ha seguido sosteniendo la instrucción ante la Cámara y ha mantenido que "la orden es ilegal, ilegítima e injusta".

Ello ha motivado que la ministra de Empleo insistiera: "Esa instrucción es para verificar la fecha a la que se jubilarán esas personas, no para quitarle el subsidio a nadie, la Ley lo garantiza, es una garantía legal y es falso lo que usted dice", ha insistido la ministra.

La rebaja salarial es cosa de sindicatos y patronal

El último envite de los socialistas ha corrido a cargo de la diputada Patricia Hernández, quien ha achacado la moderación de los salarios y la pérdida de derechos de los trabajadores a la reforma laboral del Gobierno.

En respuesta, Báñez ha recordado que es el pacto de rentas firmado por la patronal y los sindicatos en enero de 2012 el que consagra la moderación de los salarios para hacer a las empresas más competitivas. "Hable más con los sindicatos, porque parece que no habla suficientemente", ha instado a la diputada socialista.

Asimismo, ha defendido que lo que ha hecho la reforma laboral es dar un margen de "flexibilidad" para que empresas y trabajadoras puedan encontrar alternativas al despido.

Por su parte, Hernández ha aseverado que "el pacto de rentas lo liquidó la reforma laboral", que está provocando "exclusivamente" más vulnerabilidad, mayor desprotección y que los trabajadores acepten trabajar más horas o incluso enfermos.