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Requisitos generales de la modificación de estatutos de una sociedad anónima

Los Estatutos de una Sociedad Anónima se conceptúan como un conjunto de normas articuladas que van a regir el funcionamiento corporativo de la misma.

Requisitos generales de la modificación de estatutos de una sociedad anónima


Rebeca González Bartolomé

Abogado. Laz Wrube, Bufete Jurídico Empresarial

Los estatutos de una sociedad anónima

Los Estatutos de una Sociedad Anónima se conceptúan como la norma constitucional ordenadora de la futura vida social; aquél documento que, dentro del ámbito reconocido a la autonomía privada, recoge un conjunto de normas articuladas que van a regir el funcionamiento corporativo de la misma. En ellos se regulan, de forma más o menos particularizada, aspectos básicos de la organización social; los derechos y deberes de los accionistas y las relaciones de la sociedad con terceros.

En nuestro sistema legal, los Estatutos forman parte integrante de la escritura de constitución de la sociedad anónima y su contenido viene determinado por el Art. 9 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de Diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedad Anónimas (en adelante, TRLSA).

De las menciones que se recogen en dicho artículo, algunas son absolutamente obligatorias (denominación; objeto social; duración; fecha de comienzo de las operaciones; domicilio social y órgano que decida la creación, supresión o traslado de sucursales; capital social; acciones; estructura del órgano de administración; deliberación y adopción de acuerdos por los órganos colegiados; fecha de cierre del ejercicio social) y otras lo son únicamente si concurren los presupuestos de hecho a que la mención se refiere (restricciones a la libre transmisión de acciones; régimen de las prestaciones accesorias; derechos especiales que se reserven los fundadores o promotores de la Sociedad).

Inscritos los Estatutos en el Registro Mercantil, adquieren eficacia erga omnes y vinculan a todos los accionistas (presentes y futuros) y a los órganos sociales (Junta General y órgano de administración) que habrán de acomodar su funcionamiento a los mismos. La actuación interna y externa de la sociedad anónima deberá respetar en todo caso lo previsto en ellos.

A salvo lo anterior, con frecuencia surge la necesidad de modificar los Estatutos que originariamente se incorporaron a la escritura pública de constitución. Las nuevas vicisitudes del ente social, las exigencias de su actividad económica, los cambios legislativos... Son causas habituales que aconsejan la adaptación de la norma rectora de la estructura y funcionamiento de la Sociedad.

Dada la importancia y gravedad de esta tarea, el TRLSA encomienda la misma a la Junta General de Accionistas y establece un régimen legal integrado por disposiciones de naturaleza imperativa sustraídas a su posible alteración a través de cláusulas estatutarias, excepto para reforzar las mismas. Dicho régimen constituye el objeto del presente artículo.

Requisitos generales de la modificación

Como ya se adelantaba en el apartado anterior, la modificación de Estatutos ha de ser consecuencia de un acuerdo adoptado por la Junta General, órgano de expresión de la voluntad social. La única excepción a tal atribución viene determinada por el Art. 153.1 b) TRLSA en el que se recoge la delegación de facultades en el órgano de administración para el aumento del capital. (1) 

Fuera del supuesto mencionado, no es posible ningún tipo de delegación. No obstante, y tal y como ha defendido al Dirección General del Registro y el Notariado (en adelante, DGRN) (Resolución 13/II/1995), una cosa es adoptar el acuerdo de modificar los Estatutos, encomendando a una persona la redacción de los mismos y pretender inscribir con posterioridad los así realizados (lo que no sería posible) y otra es que esa redacción realizada por quien recibió el encargo haya obtenido la aprobación posterior de la Junta General, ya que en este caso el acuerdo que se inscribirá es el adoptado ulteriormente - que es propiamente el de modificación de Estatutos - no el primero que es materia extraña al contenido registral a la vez que contrario a las normas que rigen la competencia de los órganos sociales.

Junto al acuerdo adoptado por la Junta General, la modificación de Estatutos exige la concurrencia de un conjunto de requisitos que la Ley, con la fuerza derivada de las normas ius cogens, eleva a la condición de exigencias inexcusables como garantías básicas de la regular constitución de la Junta en cada caso y, por repercusión, como presupuesto de validez de los acuerdos en ella adoptados (STS 9 de Diciembre de 1999).

La naturaleza imperativa de dichas normas y la correlación entre su incumplimiento, la inválida constitución de la Junta y la nulidad absoluta de los acuerdos adoptados, han sido destacados por el TS para las Sociedades Anónimas, así como para otras sociedades capitalistas (Sentencias 31 de Mayo de 1983; 17 de Diciembre de 1986; 7 de Abril de 1987; 5 de Noviembre de 1987; 18 de Diciembre de 1987; 25 de Marzo de 1988; 26 de Enero de 1993; 15 de Noviembre de 1994; 14 de Marzo de 2005).

Dichos requisitos son los que a continuación se enumeran y analizan:

- Que los administradores o, en su caso, los accionistas autores de la propuesta formulen un informe escrito con la justificación de la misma.

El sometimiento de acuerdos de modificación de Estatutos a la Junta General exige la puesta a disposición de los accionistas, desde la convocatoria a la misma, de un informe de los administradores - o en su caso, de los accionistas autores - justificativo de la propuesta.

Este informe es preceptivo y constituye un elemento sine qua non a toda propuesta de modificación de Estatutos por imperativo del artículo 144, haciendo de su ausencia un defecto insubsanable (...) la convocatoria de la Junta corresponde a los administradores (...) y les obliga a observar los requisitos generales de convocatoria, anuncio y publicidad con las condiciones que en cada caso, en atención al orden del día, resulten preceptivas de modo tal que el incumplimiento de los requisitos que para la modificación de Estatutos exige la Ley afectan a la convocatoria, como también afirma la RDGRN de fecha 29 de Enero de 1997, lo que constituye un defecto que determina la nulidad de la Junta y, por tanto, de cuantos acuerdos en ella se adopten (STS de 10 de Enero de 2006)

Tal exigencia implica una garantía específica, autónoma e independiente, que no puede diluirse o subsumirse en el derecho de información y por ello no puede restituirse dicha exigencia legal por la información del estado económico de la sociedad y menos aún puede ser suplida tal requisito por la declaración a posteriori del acta relativa a que en el Junta se examinaron los documentos contables, pues ello debió ser previo, escrito, suscrito por los administradores o accionistas proponentes (STS 29 de Diciembre de 1999).

A salvo lo anterior, el presente requisito pierde toda virtualidad en el supuesto de aprobación del acuerdo de modificación de Estatutos en Junta Universal. Tal afirmación viene avalada por el Art. 158 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (en adelante, RRM) que exime para la inscripción de la escritura pública de modificación de los Estatutos sociales, del requisito de la manifestación de los otorgantes de que ha sido emitido el preceptivo informe justificando la modificación y su fecha, cuando el acuerdo se ha adoptado en Junta General Universal.

Asimismo, en la citada Sentencia de 29 de Diciembre de 1999, el Tribunal Supremo defiende que al haberse celebrado válidamente, la Junta Universal y los acuerdos adoptados en ella, tienen que perecer no solo este cuarto motivo, sino los tres primeros, que si bien acogibles en si, en cuanto que acreditan que no se cumplieron los requisitos de los apartados a), b) y c) del Art. 144 TRLSA, no es preciso observar tales exigencias cuando la modificación estatutaria dimana de un acuerdo unánime".

- Que se expresen en la convocatoria con la debida claridad los extremos que hayan de modificarse.

La expresión "debida claridad" ha sido uno de los extremos más debatidos en la doctrina y la jurisprudencia por su indeterminación, pero parece existir unanimidad en que lo pretendido por el legislador es que en la convocatoria se reseñen debidamente todos los extremos a modificar, habida cuenta, sobre todo, que habrá accionistas que no asistan a la reunión y que no obstante, queden sometidos a los acuerdos de la misma.

A este respecto, la STS de 17 de Diciembre de 1966 destacó que la finalidad no es otra que la de asegurar que los votos de los accionistas, se emitan, en su momento oportuno con plena conciencia y reflexión, tal y como se requiere por la importancia de los acuerdos a adoptar, o lo que es igual, conforme a lo expresado en la Sentencia de 21 de Mayo de 1965, detallando en la convocatoria, con el pormenor necesario, la materia a tratar, para que sobre ella puedan los socios pronunciarse con pleno conocimiento de causa y libertad no mermada por la ignorancia y la improvisación y evitando así, como expresa la Sentencia de 9 de Julio de 1966, que surjan elementos de sorpresa con los cuales no pueda racionalmente contar el accionista.

Nuestra doctrina jurisprudencial ha estimado cumplido tal requisito de la "debida claridad", cuando en la convocatoria se hace mera referencia a los artículos de los Estatutos que debieran ser modificados o a la materia de los mismos (Sentencias de 9 de Julio de 1966 y 30 de Abril de 1988). La falta de precisión y claridad en el orden del día relativo a las modificaciones estatutarias determina la nulidad de los acuerdos e incluso de la propia constitución de la Junta (STS 13 de Febrero de 2006).

- Que en el anuncio de la convocatoria se haga constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El anuncio de la convocatoria de la Junta de Accionistas debe expresar, no solo la posibilidad de examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, sino también los medios para llevar a cabo tal examen (bien en el domicilio social, bien solicitar su entrega o envío gratuito). Lo contrario constituye un defecto insubsanable.

No es necesaria una observación literal de este Art. 144.c) TRLSA; es suficiente con el ofrecimiento del derecho de información, tal y como establece la norma; la exigencia de ésta no es de fórmula sacramental que si no se cumpliera con literalidad, sería nula; no hay fórmulas sacramentales en derecho (STS 29 de Marzo de 2005).

- Que el acuerdo sea adoptado por la Junta de conformidad con lo dispuesto en el Art. 103 TRLSA.

En consecuencia, y para la válida constitución de la Junta que haya de aprobar la modificación de Estatutos, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital.

No obstante, cuando concurran accionistas que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, el acuerdo de modificación de Estatutos sólo podrá adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.

Los Estatutos sociales pueden establecer quórum y mayorías superiores a las descritas.

Inscripción del acuerdo de modificación de estatutos en el Registro Mercantil

En todo caso, el acuerdo de modificación de Estatutos debe constar en escritura pública que habrá de ser inscrita en el Registro Mercantil, y se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil", momento a partir del cual dicha modificación será vinculante para terceros.

Para su inscripción, la escritura pública que recoja el acuerdo de modificación deberá contener, además de los requisitos de carácter general:

  • - La trascripción literal de la propuesta de modificación.
  • - La manifestación de los otorgantes de que ha sido emitido el preceptivo informe, justificando la modificación y su fecha.
  • - La trascripción literal de la nueva redacción de los artículos de los Estatutos sociales que se modifican o adicional, así como en su caso, la expresión de los artículos que se derogan o sustituyen.

No será necesaria la concurrencia de los requisitos previstos en primero y segundo lugar, en caso de que el acuerdo de modificación haya sido adoptado en Junta Universal.

Además de los enumerados, en la escritura pública deberán consignarse menciones o exigencias particulares de cada supuesto de modificación de Estatutos, previstas en el TRLSA y en el RRM, sin cuya presencia no será posible la inscripción.

Límites a la modificación de estatutos

Denominados expresamente como límites a la modificación de Estatutos, el Art. 145 del TRLSA prevé únicamente dos: i) la concurrencia de la aprobación de todos los interesados, si la modificación de los estatutos implica nuevas obligaciones para los accionistas (no podrá inscribirse en el Registro Mercantil la escritura sin que conste en ella o en otra independiente el consentimiento de los interesados o afectados, o resulte de modo expreso dicho consentimiento del acta del acuerdo social pertinente, la cual deberá estar firmada por todos aquéllos) y ii) el consentimiento de todos los interesados en caso de creación, modificación y extinción anticipada de realizar prestaciones accesorias.

No obstante, en la Ley se recogen otros supuestos de modificación de Estatutos que también prevén la aplicación de instrumentos que implican, en mayor o menor grado, un límite al efecto vinculante de un acuerdo adoptado por mayoría en Junta General y en consecuencia, al poder de decisión de ésta: a) El derecho de separación del socio que no vota a favor, en el supuesto de sustitución del objeto social o traslado del domicilio social al extranjero; b) El no sometimiento de los accionistas afectados que no hayan votado a favor del acuerdo, durante un plazo de tres meses, en caso de acuerdo por el que se restrinja o condicione la transmisibilidad de las acciones nominativas; c) la exigencia de una mayoría complementaria (las de las acciones pertenecientes a la clase afectada) si el acuerdo lesiona directa o indirectamente los derecho de dicha clase de acciones.

Conclusión

La modificación de Estatutos, con independencia del supuesto concreto a que se refiera, implica una alteración de la norma rectora que hasta ese momento ha regido la vida interna y externa de la sociedad anónima. No es suficiente por tanto, que la Ley exija para su adopción el acuerdo de la Junta General, único órgano que por su significado, puede ser investido de tal competencia, sino que además debe garantizar que el mismo sea adoptado por los accionistas con plena consciencia y conocimiento de sus implicaciones. De ahí los requisitos de convocatoria obligatorios y complementarios, y la previsión de quórum reforzados y las graves consecuencias que de su incumpliendo o inobservancia pueden derivar.

 

(1) Dicho artículo permite a la Junta General, con los requisitos previstos para la modificación de estatutos, delegar en los administradores la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta General.

Mayo 2007

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