Contratos temporales

Laboral

Vulneración de la garantía de indemnidad en contratación temporal por la Administración

El TS estima el recurso de casación para la unificación de doctrina y declara nulo el despido al entender vulnerada la garantía de indemnidad en un supuesto de contratación temporal de trabajador con prestación de servicios, cuando éste, tras suscribir diversos contratos administrativos, es dado de baja en la Seguridad Social al poco tiempo de haber comunicado a la Administración pública empleadora que si procedía a extinguir la relación laboral accionaría por despido nulo o, subsidiariamente, improcedente.

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La Sala señala que la garantía de indemnidad supone el derecho del trabajador a no ser sancionado, despedido o perjudicado en sus intereses profesionales como respuesta al ejercicio de acción judicial o actos preparatorios o previos de la misma. La represalia prohibida ha de ser individualizada, directa y estar estrechamente conectada con el ejercicio de la acción.

Así, en el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad supone la declaración de nulidad de la actuación empresarial cuando está motivada por el ejercicio por el trabajador de una acción para ejercicio de unos derechos.

Tampoco es preciso que la medida represaliante tenga lugar durante la vigencia del contrato, sino que esta garantía incluso alcanza a los supuestos en que la ilegítima decisión empresarial incluso se materializa en la falta de contratación posterior al ejercicio de las acciones judiciales.

Esta garantía desplaza la carga de la prueba al empresario, aunque para que esto suceda no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio, sino que ha aportar un principio de prueba.

Y en este caso el trabajador ha acreditado indicios suficientes para producir el desplazamiento a la Administración empleadora de la carga de probar que, no obstante esa apariencia o sospecha de vulneración de la garantía de indemnidad, el cese se produjo por motivos legítimos y ajenos a todo móvil contrario a los derechos fundamentales.

Tras la reclamación del trabajador, la empresa se limitó a darle de baja en la Seguridad Social ante de la expiración del contrato, sin ofrecer justificación, limitándose a insistir en la legalidad de la contratación administrativa. Por tanto, aunque no consta la existencia de una amenaza externa expresa, la demandada debió de acreditar la razonabilidad y proporcionalidad de la medida y su carácter ajeno a la vulneración de los derechos fundamentales.




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