Las sanciones a las comunidades tendrán en cuenta reincidencia y gravedad

Jurídico

Las sanciones a las comunidades tendrán en cuenta reincidencia y gravedad

Las comunidades autónomas tendrán que elaborar techos de gasto previos a  sus presupuestos autonómicos y someterse a una regla de gasto, y serán  sancionadas si no cumplen los objetivos fijados teniendo en cuenta los  criterios de "reincidencia" y la "gravedad" del incumplimiento.

Así lo ha adelantado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado las líneas generales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que el Gobierno planteará el martes a las CC.AA.

Sáenz de Santamaría también ha explicado que se establecerán mecanismos correctores para poder reordenar los déficit con reducciones "mínimas y obligatorias" en los Presupuestos de las administraciones responsables referenciadas al PIB. "Son mecanismos de corrección casi automáticos", ha dicho.

Al finalizar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución, a partir del año 2020, todas las administraciones deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit, de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional.


Así lo ha adelantado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado las líneas generales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que el Gobierno planteará el martes a las CC.AA.

Sáenz de Santamaría también ha explicado que se establecerán mecanismos correctores para poder reordenar los déficit con reducciones "mínimas y obligatorias" en los Presupuestos de las administraciones responsables referenciadas al PIB. "Son mecanismos de corrección casi automáticos", ha dicho.

Al finalizar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución, a partir del año 2020, todas las administraciones deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit, de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional.

 

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