En un comunicado, ambas organizaciones señalan que los expedientes han aumentado significativamente durante la crisis, pasando de 39.032 resueltos en 2007 a 154.357 en 2013, si bien existen en la actualidad más de 180.000 procedimientos sin resolver más allá del plazo legal de tres meses que marca el Reglamento del Fogasa. El retraso llega en algunos casos a los dos años, aseguran.

"La situación de los trabajadores afectados es insostenible y dramática. El organismo no está respondiendo a la finalidad para la que ha sido creado y el Ministerio de Empleo no resuelve el problema", lamentan.

Con especial énfasis las centrales sindicales cargan contra la externalización de la gestión del servicio del Fogasa en el proceso de la empresa Tragsatec, que, en su opinión, todavía ha agravado más la situación.

Según aseguran, los trabajadores de la empresa que ha recibido el encargo "no gestiona los expedientes, no da información, y no se le da formación alguna para ello a los trabajadores, sin que exista ninguna actuación que permita normalizar el cobro de la prestación a favor de los solicitantes".

UGT y CC.OO. han presentado un plan alternativo para alcanzar una solución global y definitiva que permita, en un plazo razonable, alcanzar unos niveles de gestión adecuados en el Fogasa. No obstante, los sindicatos lamentan que esta propuesta no haya sido tenida en cuenta.

"La plantilla del Fogasa, sus condiciones laborales, el número de empleados son completamente inadecuados, no se están cubriendo los puestos de trabajo vacantes y la saturación es tal, que ni se comparece en los procedimientos judiciales, laborales y concursales, ni se contesta a los emplazamientos en los mismos", sentencian.