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La Audiencia Provincial entendió que, a los efectos de la acción
de responsabilidad civil contractual -artículo. 1101 Código Civil-, que la infracción
tributaria, de la que derivan los perjuicios objeto de indemnización (apunte contable
para seguir disfrutando de un beneficio fiscal), es imputable a la negligente prestación
de los servicios de asesoramiento fiscal contratados, pues olvidó informar sobre
la necesaria realización del apunte, lo que generó la pérdida del mismo y la imposición
de sanción.

El Tribunal confirma la responsabilidad contractual, pues considera
que la obligación del asesor no puede quedar exenta por la mera suposición de unos
razonables conocimientos contables en los empleados del cliente, que ni se ha probado
ni siquiera intentado probar que los tuvieran. Además, los conocimientos precisos
que se precisaban no eran meramente contables, sino también de derecho societario
y fiscal, lo cual sitúa el peso de la responsabilidad en el experto en la materia,
el asesor fiscal.

No obstante, aunque el cumplimiento negligente de las obligaciones
asumidas en un contrato de arrendamiento de servicios, en este caso de asesoría
jurídica y fiscal, puede dar lugar a una reclamación de la indemnización de los
daños y perjuicios causados, debe de existir una relación de causalidad entre el
servicio prestado de forma negligente y el daño objeto de indemnización, lo que
no se producido en relación con los gastos del aval prestado por los intereses
incorrectamente liquidados por parte de la Agencia Tributaria.

Es por tanto manifiesta la falta de nexo de causalidad
respecto de estas cuantías, razón por la cual la sentencia debía haberlo tenido
en cuenta para mitigar en esa medida la condena a la restitución de los gastos
correspondientes al aval prestado.

Fuente: ADN Análisis de Novedades