2014, un año de muchas novedades y algunas frustraciones

Jurídico

2014, un año de muchas novedades y algunas frustraciones

Periodista.

2014 ha sido un año especialmente controvertido por muchas de las reformas que se han acometido y por otras que finalmente se han quedado en el cajón.

A continuación hacemos repaso de los “hitos” legislativos más relevantes de este año.

Comenzamos este repaso con la reciente polémica suscitada tras la aprobación del proyecto de Ley orgánica de Seguridad Ciudadana[1], en la que el Partido Popular se ha quedado solo, junto con sus socios electorales frente a toda la oposición que tachan esta ley de “Ley mordaza” al entender que limita derechos fundamentales.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al dictamen del proyecto, aprobado el 25 de noviembre en la comisión de Interior, que incluye la incorporación —en comisión— de numerosas enmiendas. Ahora el texto continuará su camino hacia el Senado. De entrar en vigor, se actualizaría la hasta ahora vigente desde 1992, Ley Corcuera.

Como novedades, la ley contempla un total de 45 infracciones, entre muy graves, graves y leves. Las primeras se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros las graves, de 601 a 30.000 euros, estas dos primeras con tres grados de aplicación, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

Básicamente la ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo. Uno de los cambios introducidos más polémicos es la modificación de la Ley de Extranjería para que se dé cobertura legal a las llamadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes, que consiste en la capacidad de las Fuerzas de Seguridad para rechazar a los inmigrantes que salten las vallas de Ceuta y Melilla en aquellos casos en los que intenten sobrepasar  masivamente los elementos de contención o vallas. 

Otro tema que sigue coleando es la adaptación del dividendo digital en el territorio nacional, cuyo funcionamiento está previsto para el 1 de enero de 2015. El Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital, supone que la telefonía móvil 4G podrá ocupar el dividendo digital, dónde ahora se sitúan algunos canales de televisión.

La realidad es que, a día de hoy, son muchos los hogares que aún no han podido adaptar sus instalaciones a estos requisitos.

LA MEJORA DE LA ECONOMÍA COMO PRIORIDAD

La activación de la economía, con la mirada puesta en la salida de la crisis, ha sido la prioridad del gobierno en los últimos años. El fomento del empleo ha sido una constante ante la grave situación de paro provocada por la crisis. En este sentido, 2014 se ha caracterizado por una continuidad de lo ya iniciado en 2013 y que se ha visto materializado en diversas reformas como la aprobación de un Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, por el que se establece la nueva “tarifa plana” de cien euros en la cotización a la Seguridad Social para la contratación de nuevos trabajadores indefinidos o el Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, que configura el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo e intermediación laboral en el conjunto del Estado.

En materia laboral ha habido importantes cambios. A destacar el Real Decreto 637/2014 de 25 de julio por el cual se modifica el artículo 23 del reglamento de Cotización de la Seguridad Social, que establece los conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización a la Seguridad Social. Una de las modificaciones más significativas es la referente a la retribución en especie que, como regla general,  se valorará en el coste medio, es decir,  el resultado  de  dividir  los  costes  totales  que  supone  para  el  empresario  dar  dicho servicio, bien o derecho entre sus perceptores potenciales.

Con esta norma se persigue un incremento de los ingresos de la Seguridad Social por conceptos que anteriormente no se contemplaban.

Mencionar también la no menos importante Orden ESS/2098/2014, aprobada por el Ministerio de Empleo el pasado 6 de noviembre, por la que se modifica el modelo de recibo individual de salarios reflejado en el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994. Este nuevo modelo de nómina permitirá a los empleados disponer de un mayor detalle de la información relacionada con su salario y saber cuánto paga su empresa a la Seguridad Social en cotizaciones y por qué conceptos.[2]

Ayudas al desempleado y el prejubilado

Son muchas las ayudas que se han dado para el desempleado, pero por primera vez podemos hablar de un pacto social entre los distintos agentes sociales (patronales, sindicatos y gobierno). Tras meses de intensas negociaciones, con fecha de 15 de diciembre de 2014 y entrada en vigor el 15 de enero de 2015, se ha aprobado un programa de ayuda a parados de larga duración con cargas familiares que consta de dos partes: una ayuda económica de 426 euros mensuales durante seis meses y, un programa de inserción laboral.

Asimismo, se ha regulado la concesión de  ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social dirigidas a trabajadores cercanos a la edad de jubilación afectados por procesos de reestructuración de empresas que se ven particularmente perjudicados y con escasas posibilidades de inserción laboral, que queda reflejado en el Real Decreto 3/2014, de 10 de enero.

LEYES AD HOC

No podemos olvidar los importantes acontecimientos históricos que se han sucedido en nuestro país y que han tenido repercusiones jurídicas de gran envergadura como en el caso de la abdicación del Rey Juan Carlos I. Ha sido necesaria la promulgación de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, para hacer efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón en su hijo, el entonces príncipe D. Felipe. El único artículo de esta Ley especifica que: Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España y la abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica.

Asimismo, el Boletín Oficial de la Defensa (BOD) publicaba días después el pase a la situación de segunda reserva de Juan Carlos I, tras la entrada en vigor de la ley que hace efectiva su abdicación en su hijo, Felipe VI, nuevo capitán general de las Fuerzas Armadas. 

LA JUSTICIA DEL SIGLO XXI

Uno de los grandes retos del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha sido la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuyo objetivo es crear un nuevo modelo de justicia para el siglo XXI acorde a los nuevos tiempos, que ayude a agilizar las resoluciones del Gobierno. El anteproyecto de Ley que fue aprobado en junio por el Gobierno, pretende lograr sus objetivos a través de una mayor eficiencia y rapidez en la resolución de los procedimientos gracias, entre otros aspectos, a la reorganización de los Tribunales y al aumento de la profesionalización y especialización judicial, que, junto con la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo, contribuirán a incrementar la seguridad jurídica y la reducción de la litigiosidad.

Otro de los puntos importantes es la reducción del número de aforados restringiéndolo al número que establece la Constitución y a los incorporados en los distintos Estatutos de Autonomía.

MEJORAR LA TRANSPARENCIA

La Ley de Transparencia acceso a la información pública y buen gobierno,  19/2013, de 9 de diciembre ha entrado en vigor un año después de su aprobación. Entre sus objetivos se encuentran: garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información; Obligar a las distintas administraciones a ser transparentes; y fiscalizar la actividad pública, estableciendo las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas si se incumplen.

España ha sido uno de los últimos países en incorporar una ley de transparencia a su ordenamiento jurídico. Con su entrada en vigor, se ponen en marcha los distintos portales de transparencia que permitirán al ciudadano tener conocimiento de en qué se gasta su dinero y exigir responsabilidades a los gestores públicos.

Sin embargo, las leyes no son siempre la solución absoluta a los problemas, se trata también de una cuestión de práctica y ética.

Otro paso más hacia una mayor transparencia queda reflejado en el Proyecto de ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo que ha aprobado aspectos fundamentales del gobierno de las grandes empresas españolas y de los derechos de sus accionistas[3]. Se trata, pues, de exigir más transparencia, más información por parte de las entidades, sobre su estructura corporativa, su forma de proceder, etc., que, si bien no garantiza completamente la no existencia de abusos, sí consigue un mayor control sobre estas entidades.

Importante también señalar la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, ya en vigor, que introduce un conjunto de modificaciones legislativas inspiradas, en su mayoría, por las recomendaciones del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), orientadas especialmente a: reordenar los organismos públicos, adecuar las estructuras públicas, simplificar los procedimientos administrativos y modificar el régimen jurídico de los empleados públicos. Con ello se persigue, lograr unos servicios más efectivos y productivos.

LO QUE NO PROSPERÓ

Se quedaron en el tintero varias reformas, algunas de ellas presentes en el programa del actual Gobierno. Es el caso de la modificación de la Ley del Aborto que desde un principio se presumía controvertida y que finalmente el presidente, Mariano Rajoy retiró ante la falta de consenso y presión por un sector de la sociedad, con la consiguiente dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Esta reforma, que pretendía cambiar la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigor el 5 de julio de 2010 en el  gobierno de Zapatero, queda congelada y fuera de previsión.

2014 se despide como otro año difícil en el que, una vez más, hemos visto la falta de mentalidad de pactos de estado. La justicia democrática conlleva un pacto de estado para hacer las leyes. Habrá que esperar a ver qué nos depara 2015.


2014 ha sido un año especialmente controvertido por muchas de las reformas que se han acometido y por otras que finalmente se han quedado en el cajón.

A continuación hacemos repaso de los “hitos” legislativos más relevantes de este año.

Comenzamos este repaso con la reciente polémica suscitada tras la aprobación del proyecto de Ley orgánica de Seguridad Ciudadana[1], en la que el Partido Popular se ha quedado solo, junto con sus socios electorales frente a toda la oposición que tachan esta ley de “Ley mordaza” al entender que limita derechos fundamentales.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al dictamen del proyecto, aprobado el 25 de noviembre en la comisión de Interior, que incluye la incorporación —en comisión— de numerosas enmiendas. Ahora el texto continuará su camino hacia el Senado. De entrar en vigor, se actualizaría la hasta ahora vigente desde 1992, Ley Corcuera.

Como novedades, la ley contempla un total de 45 infracciones, entre muy graves, graves y leves. Las primeras se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros las graves, de 601 a 30.000 euros, estas dos primeras con tres grados de aplicación, y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

Básicamente la ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo. Uno de los cambios introducidos más polémicos es la modificación de la Ley de Extranjería para que se dé cobertura legal a las llamadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes, que consiste en la capacidad de las Fuerzas de Seguridad para rechazar a los inmigrantes que salten las vallas de Ceuta y Melilla en aquellos casos en los que intenten sobrepasar  masivamente los elementos de contención o vallas. 

Otro tema que sigue coleando es la adaptación del dividendo digital en el territorio nacional, cuyo funcionamiento está previsto para el 1 de enero de 2015. El Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital, supone que la telefonía móvil 4G podrá ocupar el dividendo digital, dónde ahora se sitúan algunos canales de televisión.

La realidad es que, a día de hoy, son muchos los hogares que aún no han podido adaptar sus instalaciones a estos requisitos.

LA MEJORA DE LA ECONOMÍA COMO PRIORIDAD

La activación de la economía, con la mirada puesta en la salida de la crisis, ha sido la prioridad del gobierno en los últimos años. El fomento del empleo ha sido una constante ante la grave situación de paro provocada por la crisis. En este sentido, 2014 se ha caracterizado por una continuidad de lo ya iniciado en 2013 y que se ha visto materializado en diversas reformas como la aprobación de un Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, por el que se establece la nueva “tarifa plana” de cien euros en la cotización a la Seguridad Social para la contratación de nuevos trabajadores indefinidos o el Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, que configura el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo e intermediación laboral en el conjunto del Estado.

En materia laboral ha habido importantes cambios. A destacar el Real Decreto 637/2014 de 25 de julio por el cual se modifica el artículo 23 del reglamento de Cotización de la Seguridad Social, que establece los conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización a la Seguridad Social. Una de las modificaciones más significativas es la referente a la retribución en especie que, como regla general,  se valorará en el coste medio, es decir,  el resultado  de  dividir  los  costes  totales  que  supone  para  el  empresario  dar  dicho servicio, bien o derecho entre sus perceptores potenciales.

Con esta norma se persigue un incremento de los ingresos de la Seguridad Social por conceptos que anteriormente no se contemplaban.

Mencionar también la no menos importante Orden ESS/2098/2014, aprobada por el Ministerio de Empleo el pasado 6 de noviembre, por la que se modifica el modelo de recibo individual de salarios reflejado en el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994. Este nuevo modelo de nómina permitirá a los empleados disponer de un mayor detalle de la información relacionada con su salario y saber cuánto paga su empresa a la Seguridad Social en cotizaciones y por qué conceptos.[2]

Ayudas al desempleado y el prejubilado

Son muchas las ayudas que se han dado para el desempleado, pero por primera vez podemos hablar de un pacto social entre los distintos agentes sociales (patronales, sindicatos y gobierno). Tras meses de intensas negociaciones, con fecha de 15 de diciembre de 2014 y entrada en vigor el 15 de enero de 2015, se ha aprobado un programa de ayuda a parados de larga duración con cargas familiares que consta de dos partes: una ayuda económica de 426 euros mensuales durante seis meses y, un programa de inserción laboral.

Asimismo, se ha regulado la concesión de  ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social dirigidas a trabajadores cercanos a la edad de jubilación afectados por procesos de reestructuración de empresas que se ven particularmente perjudicados y con escasas posibilidades de inserción laboral, que queda reflejado en el Real Decreto 3/2014, de 10 de enero.

LEYES AD HOC

No podemos olvidar los importantes acontecimientos históricos que se han sucedido en nuestro país y que han tenido repercusiones jurídicas de gran envergadura como en el caso de la abdicación del Rey Juan Carlos I. Ha sido necesaria la promulgación de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, para hacer efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón en su hijo, el entonces príncipe D. Felipe. El único artículo de esta Ley especifica que: Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España y la abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica.

Asimismo, el Boletín Oficial de la Defensa (BOD) publicaba días después el pase a la situación de segunda reserva de Juan Carlos I, tras la entrada en vigor de la ley que hace efectiva su abdicación en su hijo, Felipe VI, nuevo capitán general de las Fuerzas Armadas. 

LA JUSTICIA DEL SIGLO XXI

Uno de los grandes retos del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha sido la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuyo objetivo es crear un nuevo modelo de justicia para el siglo XXI acorde a los nuevos tiempos, que ayude a agilizar las resoluciones del Gobierno. El anteproyecto de Ley que fue aprobado en junio por el Gobierno, pretende lograr sus objetivos a través de una mayor eficiencia y rapidez en la resolución de los procedimientos gracias, entre otros aspectos, a la reorganización de los Tribunales y al aumento de la profesionalización y especialización judicial, que, junto con la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo, contribuirán a incrementar la seguridad jurídica y la reducción de la litigiosidad.

Otro de los puntos importantes es la reducción del número de aforados restringiéndolo al número que establece la Constitución y a los incorporados en los distintos Estatutos de Autonomía.

MEJORAR LA TRANSPARENCIA

La Ley de Transparencia acceso a la información pública y buen gobierno,  19/2013, de 9 de diciembre ha entrado en vigor un año después de su aprobación. Entre sus objetivos se encuentran: garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información; Obligar a las distintas administraciones a ser transparentes; y fiscalizar la actividad pública, estableciendo las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas si se incumplen.

España ha sido uno de los últimos países en incorporar una ley de transparencia a su ordenamiento jurídico. Con su entrada en vigor, se ponen en marcha los distintos portales de transparencia que permitirán al ciudadano tener conocimiento de en qué se gasta su dinero y exigir responsabilidades a los gestores públicos.

Sin embargo, las leyes no son siempre la solución absoluta a los problemas, se trata también de una cuestión de práctica y ética.

Otro paso más hacia una mayor transparencia queda reflejado en el Proyecto de ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo que ha aprobado aspectos fundamentales del gobierno de las grandes empresas españolas y de los derechos de sus accionistas[3]. Se trata, pues, de exigir más transparencia, más información por parte de las entidades, sobre su estructura corporativa, su forma de proceder, etc., que, si bien no garantiza completamente la no existencia de abusos, sí consigue un mayor control sobre estas entidades.

Importante también señalar la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, ya en vigor, que introduce un conjunto de modificaciones legislativas inspiradas, en su mayoría, por las recomendaciones del Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), orientadas especialmente a: reordenar los organismos públicos, adecuar las estructuras públicas, simplificar los procedimientos administrativos y modificar el régimen jurídico de los empleados públicos. Con ello se persigue, lograr unos servicios más efectivos y productivos.

LO QUE NO PROSPERÓ

Se quedaron en el tintero varias reformas, algunas de ellas presentes en el programa del actual Gobierno. Es el caso de la modificación de la Ley del Aborto que desde un principio se presumía controvertida y que finalmente el presidente, Mariano Rajoy retiró ante la falta de consenso y presión por un sector de la sociedad, con la consiguiente dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Esta reforma, que pretendía cambiar la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigor el 5 de julio de 2010 en el  gobierno de Zapatero, queda congelada y fuera de previsión.

2014 se despide como otro año difícil en el que, una vez más, hemos visto la falta de mentalidad de pactos de estado. La justicia democrática conlleva un pacto de estado para hacer las leyes. Habrá que esperar a ver qué nos depara 2015.

 

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