En un comunicado, CC.OO. señala que 346 millones del total corresponden al pago de salarios, mientras que 699 millones responden al pago de indemnizaciones. El número de trabajadores que ha percibido estas prestaciones asciende a 178.810 empleados, un 6% mas.

Por su parte, los expedientes resueltos suman 113.964, lo que supone un incremento del 10% sobre el mismo periodo de 2011, mientras que las empresas afectadas por los expedientes han sido 63.298, un 12% más.

El 52% de los trabajadores que han percibido prestaciones pertenecen al sector servicios, mientras que el 24% pertenecen al sector de la construcción (24%); el 20%, a la industria; y el 2%, al agrario.

Si se tienen en cuenta las prestaciones, el sector servicios es donde más prestaciones se han pagado, con un total de 501 millones, seguido de la construcción (263 millones), el industrial (246 millones) y el agrario (15 millones).

Por comunidades autónomas, las que han concentrado el mayor pago han sido Cataluña (248 millones), Comunidad Valenciana (133 millones), Andalucía (124 millones), Madrid (101 millones) y País Vasco (85 millones). Estas cinco comunidades consumen el 66% del total abonado.

A continuación se sitúan Castilla y León (56 millones), Galicia (53 millones), Castilla La Mancha (45 millones), Aragón (38 millones), Murcia (35), Canarias (29), Asturias (23), Navarra (18), Baleares (18), Cantabria (14), Extremadura (13) y La Rioja (11). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han pagado 2 millones.

El 84% de los trabajadores que han percibido prestaciones del Fogasa son de empresas con menos de 25 trabajadores, en las que se han abonado las mayores cuantías con un total de 816 millones de euros, el 78% del total.

CC.OO. reitera que el Fogasa cumple una "importante función" en tiempos de crisis económica ya que, aún con limitaciones, garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de la empresa.

La situación de crisis económica en los últimos años ha supuesto que los expedientes resueltos, el pago de prestaciones, las empresas afectadas y los trabajadores beneficiarios hayan aumentado considerablemente, lo que ha llevado a un notable incremento de la carga de trabajo para sus empleados y está provocando retrasos en el cobro de las prestaciones.

En este sentido, el sindicato denuncia que el Gobierno recortó los presupuestos del Fondo aún sabiendo que iba a ser insuficiente, ya que las previsiones de gasto en prestaciones para este año se van a situar por encima de los 1.600 millones.