Paraje protegido con asentamientos tolerados: Delito contra la ordenación del territorio

Jurídico

Paraje protegido con asentamientos tolerados: Delito contra la ordenación del territorio

El TS declara que la existencia de otras obras ilegales en una zona de asentamientos tolerados por el ayuntamiento no impide apreciar la comisión de un delito contra la ordenación del territorio por parte del propietario del terreno que se construyó una vivienda unifamiliar, ordenando su demolición de lo construido.

El proceso se inicia a instancia del Ministerio Fiscal por un delito contra la ordenación del territorio. Además de la condena correspondiente, solicita la restauración del terreno a su estado originario, reclamando así que se condene al acusado a la demolición de lo que ilegalmente ha construido o, subsidiariamente, que se proceda a la demolición su costa. Se trata de una construcción en suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística, si bien en la zona existen pluralidad de viviendas construidas de diversa tipología.

El juzgado de lo penal absuelve al acusado, pues entiende que su comportamiento no ha afectado al bien jurídico protegido por la norma invocada, pues la edificación no es una construcción aislada sino que coexiste con otras, en un terreno parcelado, pagando por ella el IBI y suministros correspondientes.

El Ministerio Fiscal recurre en apelación, pero la AP desestima el recurso al considerar que la nueva construcción no comportaba un plus de degradación del territorio, pues en el paraje ya existen múltiples edificaciones y se trata de un asentamiento tolerado, por el que los propietarios pagan impuestos y suministros.

El Ministerio Fiscal recurre en casación en base a que la argumentación expuesta en la sentencia no es suficiente para negar el carácter delictivo de la conducta. Para el Tribunal Supremo es evidente que el incumplimiento por parte de otros vecinos de las normas urbanísticas no agota el bien jurídico y la necesidad de su protección, como no exime al acusado de sus obligaciones y de su propia responsabilidad. El acusado modificó de manera permanente el uso previsto para el suelo rústico no urbanizable.

Los hechos son por ello constitutivos del delito señalado por el Ministerio Fiscal, careciendo de relevancia la tolerancia que parece querer esgrimirse al alegar que paga la contribución municipal inherente a la propiedad del terreno. Ello ni elimina la antijuridicidad de quebrantar la normativa urbanística más elemental ni puede eludirse que nuestro ordenamiento jurídico somete la autorización del uso del suelo no urbanizable a una doble autorización, autonómica y local.

En cuanto a la reparación del daño mediante la demolición de la construcción no autorizada, al no apreciarse motivos que justifiquen su consolidación, como si ocurre en otras ocasiones, en la que los tribunales aprecian mínimas extralimitaciones, leves excesos respecto a la autorización administrativa o un tiempo excesivamente amplio entre la comisión del delito y la emisión de la sentencia.

STS (Penal) de 11 marzo de 2020. EDJ 2020/554431

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