Los municipios vascos y navarros podrán acogerse al plan de pago a proveedores, según el decreto de liquidez para CCAA

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Los municipios vascos y navarros podrán acogerse al plan de pago a proveedores, según el decreto de liquidez para CCAA

Los municipios del País Vasco y Navarra podrán acogerse al plan de pago a proveedores como ya han hecho las localidades de las demás comunidades autónomas, según incluye en una disposición adicional el decreto convalidado este jueves por el Congreso por el que se crea el fondo de apoyo a la financiación de las comunidades autónomas.

El plan de pago a proveedores fue puesto en marcha por el Gobierno el pasado mes de marzo para que las entidades locales pudieran hacer frente a las deudas que mantienen con las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, no incluía a los ayuntamientos vascos y navarros por no pertenecer al régimen general.

El Gobierno ha decidido poner fin a esta excepción y ha incluido en el decreto una disposición adicional que permite a los ayuntamientos vascos y navarros participar en el plan para saldar las deudas que mantienen con sus proveedores.

Para hacerlo tendrán que suscribir previamente los correspondientes convenios entre la Administración General del Estado y las Diputaciones Forales del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, según corresponda.

Pagados 9,2 millones

El Gobierno ya pagó a finales de mayo las facturas pendientes de las entidades locales con 106.283 proveedores dentro de la primera fase del mecanismo extraordinario de pago a proveedores. El importe total de las deudas pagadas asciende a más de 9,2 millones de euros, que corresponden a 1,7 millones de facturas procedentes de 3.774 administraciones.

De los 106.283 proveedores a los que se les abonaron facturas pendientes, 36.904 eran personas físicas, 68.768 pequeñas y medianas empresas y 611 grandes empresas.

Pero además, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ofreció un plazo adicional al inicialmente dado para que 1.478 entidades locales que habían quedado excluidas del mecanismo de pago pudieran pagar sus facturas. El Gobierno les había amenazado con retener su participación en los ingresos del Estado, que entre todos ascendía a 1.296 millones de euros.


 

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