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Más de 600 economistas auditores se han reunido hoy en Madrid –y continuarán haciéndolo durante el día de mañana– para celebrar el 6º AuditMeeting, la mayor concentración de profesionales del sector, organizada por el REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas, cuya inauguración ha corrido a cargo de Valentín Pich y de Lorenzo Lara, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo General de Economistas.

De entre los diferentes temas abordados durante este primer día del 6º AuditMeeting, destacó el de la transparencia y el control del sector público. En este sentido, los economistas auditores valoraron positivamente las reformas estructurales realizadas en materia de transparencia y los trabajos realizados desde la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Así mismo, destacaron la labor que realizan la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX). No obstante, entienden que sería conveniente continuar avanzando en esta materia, trasladando al sector público la experiencia y el dinamismo del sector privado.

En esta línea, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha destacado "la necesidad de contribuir a la mejora de la gobernanza del Sector Público para el que sería conveniente desarrollar un Código de Buenas Prácticas". Para ello, ofreció la colaboración del colectivo de profesionales que representa, tanto para su elaboración, como para su implantación y el seguimiento de su aplicación. Como primera medida en aras de contribuir en el sentido expresado, los economistas auditores han considerado necesario trasladar a todos los partidos políticos que concurrirán a las próximas elecciones, así como a la opinión pública en general, el siguiente

COMUNICADO

Las buenas prácticas de gestión desarrolladas para el sector privado están contribuyendo al incremento de la transparencia en la toma de las decisiones, al esclarecimiento de la responsabilidad de sus dirigentes y a la elaboración y difusión de la información relevante para los distintos grupos de interés receptores de la información confeccionada por las empresas.

El Consejo General de Economistas considera que algunas de las buenas prácticas aplicadas en el sector privado son perfectamente extensibles al Sector Público, en concreto: las correspondientes a la transparencia; la elaboración de la información relevante teniendo en cuenta las necesidades de información de los grupos de interés, y  el desarrollo de un entorno de control adecuado (interno y externo).

De la misma forma que a la empresa privada se le demanda que presente la información de su actividad en relación con la Responsabilidad Social Corporativa, además de la información económico-financiera facilitada tradicionalmente, se considera conveniente que la información elaborada por el Sector Público no se limite a la liquidación del presupuesto y sea enriquecida con la información de gestión adecuada para que los ciudadanos puedan conocer el coste de las políticas públicas aplicadas, los resultados conseguidos y las desviaciones en relación con los objetivos establecidos en el momento de su aprobación y las causas que hayan podido motivar estas desviaciones. En los códigos de buenas prácticas de gestión de las empresas se hace hincapié en la necesidad de informar sobre el funcionamiento de su control interno, como base para incrementar la confianza en la calidad de la información elaborada por la entidad, así como en la identificación del marco metodológico que ha servido de base para su diseño e implantación (generalmente el informe del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comisión –COSO–).

Propuestas

Con evidente paralelismo, los sistemas de control del Sector Público, tanto interno (el desarrollado por la Intervención General de Estado) como externo (el realizado por el Tribunal de Cuentas, los Organismos de Control Externo de las Comunidades Autónomas y las revisiones realizadas por auditores externos), deben estar basados en un entorno de control y sistema de supervisión que habrá de contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:

       1          La existencia de un código ético en el que se precisen los valores a los que se compromete el sector público, el compromiso de aplicarlos por todos los empleados públicos, la posibilidad de crear un organismo independiente encargado de la supervisión de su cumplimiento, así como la existencia de un procedimiento confidencial, a través del cual los empleados públicos tendrán la obligación de comunicar cualquier irregularidad de potencial relevancia que hayan identificado en el ámbito financiero, contable o de cumplimiento, dotándolos de la adecuada protección legal para evitar posibles represalias.

       2          La dotación a los órganos internos de control de la independencia necesaria para realizar su labor sin injerencias de los órganos sometidos a su control.

       3          La dotación a los órganos de control de los recursos adecuados, en cantidad y perfil profesional, para el cumplimiento de sus fines, así como la posible colaboración de auditores externos.

       4          La publicación anual de una memoria dónde se difunda la labor de control realizada. Esta publicación incluirá los defectos o incumplimientos de control identificados, las recomendaciones realizadas para su corrección y el seguimiento de la implantación de estas recomendaciones por los órganos gestores.

Desde el Consejo General de Economistas somos conscientes del cambio tan importante que representa la implantación de las medidas indicadas con anterioridad y, especialmente, si se tiene en consideración que la demanda social de información y objetivos de gestión son diferentes para los distintos niveles de la Administración Pública (Administración Central, Administración Autonómica, Administración Local y entidades públicas empresariales), e incluso dentro de cada uno de los grupos indicados con anterioridad. Por ello, el presidente del REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas, Carlos Puig de Travy, ha señalado que "dado que disponemos de un colectivo profesional altamente cualificado y con experiencia en el sector privado, ofrecemos nuestra colaboración a las Instituciones públicas para el desarrollo de este modelo de control, el apoyo a su implantación y la revisión de su aplicación".

Foto:

Carlos Puig de Travy, presidente de la Corporación de Auditores REA+REGA del CGE

Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas

Miguel Temboury. Subsecretario de Economía y Competitividad

Lorenzo Lara, vicepresidente del CGE

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