Límites a la legitimación de los acreedores para recurrir en concurso

Mercantil

Límites a la legitimación de los acreedores para recurrir en concurso

El TS determina el carácter condicionado y limitado de la legitimación de los acreedores personados en la sección de calificación para recurrir la sentencia dictada en dicha sección cuando la misma no estima todas las pretensiones formuladas por la administración concursal o el Ministerio Fiscal, pero no pueden introducir en el recurso pretensiones no formuladas oportunamente por la administración concursal ni por el Ministerio Fiscal en la sección de calificación.

La Sala, siguiendo jurisprudencia consolidada, afirma que los acreedores personados en la sección de calificación están legitimados para recurrir la sentencia dictada en esta sección cuando la misma no estima todas las pretensiones formuladas por la administración concursal o el Ministerio Fiscal.

Pese a que la redacción del art. 168.1 de la Ley Concursal aplicable a aquellos recursos no preveía expresamente, como sí hace ahora, que el acreedor o persona con interés legítimo que se personara en la sección de calificación, alegando por escrito cuanto considerara relevante para la calificación del concurso, tendría la consideración de parte en la sección de calificación, "ello no significa que la interpretación dada por el Tribunal de apelación a la norma del artículo 168, en su primitiva redacción, fuera la correcta, teniendo en cuenta que estaba en cuestión un derecho fundamental.

Así, los acreedores y demás interesados en la calificación carecen de legitimación para pedir una determinada calificación, pero se les reconoce la posibilidad de intervenir como adyuvantes de la concreta petición de calificación formulada por la administración concursal y/o el ministerio fiscal, y para apelar ( art. 172. bis. 4 LC). Y a estos concretos efectos se les reconoce la condición de parte.

Conforme al art. 13.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (EDL 2000/77463), el tercero interviniente en la sección de calificación, como coadyuvante del Ministerio Fiscal y/o de la administración concursal, no puede ampliar la pretensión formulada por estos ni variar el objeto procesal; en el acto de la vista, puede proponer prueba diferente y formular alegaciones al margen del Ministerio Fiscal o de la administración concursal. Y en lo que atañe directamente al objeto de este recurso, el interviniente podrá recurrir las resoluciones que estime que le son perjudiciales, al margen de la parte principal.

Por tanto, el carácter condicionado y limitado de la legitimación de los acreedores personados en la sección de calificación, que sirve de base a la decisión adoptada por la Audiencia Provincial, y que se justifica por los intereses en juego en la sección de calificación y la necesidad de que el debate procesal se desarrolle ordenadamente, no priva a estos acreedores de la legitimación para recurrir la sentencia que no haya estimado todas o parte de las pretensiones interesadas por la administración concursal y el Ministerio Fiscal, pese a que ni la administración concursal ni el Ministerio Fiscal hayan interpuesto recurso. Todas las sentencias que este tribunal ha dictado sobre esta materia les ha reconocido expresamente esta legitimación.

En el presente caso, los acreedores que formularon el recurso de apelación solicitaron expresamente que se revocara la sentencia del Juzgado Mercantil y que se dictara otra de conformidad con lo interesado en el dictamen de calificación formulado por el Ministerio Fiscal, con lo cual no introdujeron ninguna pretensión nueva sino que solicitaron que se estimara la pretensión formulada por el Ministerio Fiscal.

En consecuencia, se reconoce la legitimación de las acreedoras recurrentes para interponer el recurso de apelación, y devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial para que, una vez reconocida la legitimación a dichas acreedoras, se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto por las mismas contra la sentencia del Juzgado Mercantil que desestimó las pretensiones del Ministerio Fiscal.

STS (Civil) de 21 mayo de 2020. EDJ 2020/558828


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