La normativa ha recibido el voto favorable del PP y UPyD, mientras que UPN se ha abstenido y el resto de formaciones han votado en contra. Los ‘populares’ han rechazado además todas las enmiendas parciales que la oposición había dejado vivas en la tramitación parlamentaria, lo que ha llevado a toda la oposición salvo la formación magenta a oponerse al proyecto, que ahora será enviado al Senado para concluir su tramitación.

La normativa obligará a todas las administraciones a publicar su periodo medio de pago (PMP) a los proveedores para que los ciudadanos puedan saber cuáles satisfacen sus deudas en el plazo previsto y cuáles son morosas. Tras la incorporación de las enmiendas, se permitirá que las comunidades autónomas colaboren a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la definición del método de cálculo del PMP.

Además, se crea un mecanismo coercitivo automático ante los incumplimientos de estos compromisos a través de la imposibilidad de emitir deuda o usar créditos presupuestarios, cambios en el plan de Tesorería o incluso el pago directo de la factura por el Estado, que luego detraerá la cantidad de las transferencias previstas en el sistema de financiación.

Cambios incluidos en el Congreso

A través de las enmiendas incorporadas al texto original durante las últimas semanas, se ha previsto que las administraciones que no están obligadas a someterse a auditorías deban efectuar anualmente trabajos de control para "verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria".

Además, incumplimiento de obligaciones financieras por parte de las administraciones públicas que provoque no sólo el incumplimiento de los compromisos de España con Bruselas, sino cualquiera contenido en tratados o convenios internacional, conllevará el reparto de ese coste entre los responsables. Lo mismo sucederá si el incumplimiento provoca una condena a España por parte de tribunales internacionales u órganos arbitrales.

No obstante, con sus enmiendas el PP también ha modificado otros asuntos que nada tienen que ver con el proyecto de ley. Entre otras cosas, se incluyen nuevas exenciones fiscales para los organizadores y participantes del Campeonato del Mundo de Vela Olímpica Santander 2014, y se extiende el régimen de franquicia de derechos de importación para determinadas operaciones de avituallamiento de buques y aeronaves que están exentas del para el IVA y los Impuestos Especiales, a las mismas actividades exentas del Impuesto General Indirecto Canario.

Además, se permite que Ceuta y Melilla puedan tener su propio cuerpo de agentes ordenación, señalización y dirección del tráfico en el caso urbano, en condiciones similares a las que ya tienen los municipios de gran población; se crean nuevas bonificaciones fiscales a las inversiones que realicen los operadores privados en los Puertos del Estado, y se plantea la modificación de la Ley de Transparencia (actualmente en tramitación en el Senado) para reforzar las reglas especiales sobre el destino de los superávit presupuestarios.