Legitimación procesal para resolver contrato de arrendamiento y solicitar desahucio

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Legitimación procesal para resolver contrato de arrendamiento y solicitar desahucio

La AP analiza la legitimación procesal de quien figura como arrendador en el contrato, sin ser dueño del inmueble, estableciendo que el arrendador está legitimado para resolver el contrato y solicitar el desahucio aunque no sea dueño del inmueble.

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Resuelve la Audiencia el recurso de apelación interpuesto por el arrendatario de un local de negocio, que, frente a la sentencia de primera instancia que declara la resolución del contrato de arrendamiento y su desahucio, alega, entre otras cuestiones, la falta de legitimación activa de la demandante, al no haber acreditado esta la titularidad real o dominical del inmueble.

Si bien la actora es actualmente la propietaria por herencia, gestionaba en su día el contrato de arrendamiento por su causahabiente, propietaria del local, interponiendo por sí la demanda de resolución y desahucio.

Para la AP, con independencia de la titularidad, dominical o de uso, que pudiera tener la actora sobre el local arrendado, lo relevante es que la acción ejercitada en la demanda, en la que se pide la resolución del contrato, está fundada en el contrato celebrado por las partes, de manera que la única legitimada causalmente para ser demandante en el pleito es quien a su vez resulte parte arrendadora en el mismo.

La legitimación activa de la demandante no se fundamenta en un derecho real vinculado a la propiedad del inmueble, que no es objeto de litigio, sino en su condición de arrendadora del local cedido, que deriva exclusivamente de su relación negocial con el demandado y es la que le otorga la condición de parte legítima en el contrato, a la que se vincula su legitimación causal en el proceso.

Además, esta legitimación de la actora fue aceptada y reconocida implícitamente por el recurrente al suscribir el contrato y tenerla como arrendadora durante su vigencia, al pagarle a ella de las rentas, así como por el hecho de firmar con ella un acuerdo de resolución y extinción del contrato. En este sentido, en aplicación de la doctrina de los propios actos y del ejercicio de derechos conforme a la buena fe, no cabe negar la personalidad o legitimación como parte procesal a quien, dentro o fuera del pleito, se le tiene ya reconocida.

SAP A Coruña de 30 junio 2016. EDJ 2016/136344

Fuente: ADN Jurídico

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