La intervención de una Administración no legitima una cláusula suelo

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La intervención de una Administración no legitima una cláusula suelo

La Sala del TS confirma la nulidad de la cláusula suelo, pues no cumple el control de transparencia que resulta necesario para declarar sus plena validez, sin que el Decreto 33/2006, de modificación y adaptación del Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura 2004-2007, ni el Convenio de 12 de diciembre de 2006 obligaran al banco a incluir la cláusula suelo, ya que establecían unas condiciones marco que la entidad financiera podía haber modificado para ofrecer mejores ventajas a los compradores.


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Mantiene el recurso  que la promoción de viviendas en la que los demandantes adquirieron las suyas se realizó en ejecución de un plan especial de la Junta de Extremadura, en cuyo marco se firmó un convenio entre la administración y la entidad financiadora, donde se establecieron las condiciones de los futuros préstamos hipotecarios.

Por tanto, las condiciones fueron impuestas por la Administración y tenían carácter imperativo, de lo que se desprende que ni la cláusula litigiosa era una condición general de la contratación, ni la entidad prestamista fue predisponente.

Rechaza el Tribunal tal alegación de que la cláusula suelo, al provenir de un convenio celebrado con la administración tuviera la cualidad legal de condición general de la contratación. Y ello porque la autoría material de la cláusula es indiferente, puesto que lo relevante es su utilización e incorporación a una serie de contratos.

Tampoco puede aceptarse que la imposición viniera determinada por la Administración, porque el convenio suscrito entre la Agencia Extremeña de la Vivienda y el banco tenía por objeto establecer los términos de colaboración entre la Junta de Extremadura y las Entidades de Crédito en orden a la financiación de las promociones, adjudicaciones y adquisiciones de las viviendas de nueva construcción, que hayan sido calificadas provisionalmente, el amparo del Plan Especial de Viviendas de Extremadura, y era un pacto de mínimos, es decir, que las entidades financieras tenían que ofrecer a los clientes, como mínimo, las condiciones que figuraban en el convenio, pero nada impedía que ofrecieran condiciones más ventajosas.

En resumen, lo relevante no era la inclusión de la cláusula suelo, sino que la misma debía ser transparente, lo que no estaba determinado por el Convenio marco, sino por la manera en que efectivamente se incluyera en el contrato de préstamo celebrado con el consumidor y por el modo en que se informara a éste de sus consecuencias jurídicas y económicas.

STS Sala 1ª de 29 noviembre de 2017. EDJ 2017/249274​

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