La justicia da la razón al Gobierno canario en la rebaja del 5% en el sueldo de empleados de empresas públicas

Laboral

La justicia da la razón al Gobierno canario en la rebaja del 5% en el sueldo de empleados de empresas públicas

La Sala de lo Social de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la legalidad de la rebaja del 5% del sueldo practicada, desde junio de 2010, a los empleados de las empresas públicas de Canarias.

De esta forma, el tribunal desestima la demanda de conflicto colectivo planteada contra la empresa pública Grecasa y establece, además, que en la reducción "no se aprecian indicios de inconstitucionalidad", según ha informado el Gobierno canario en un comunicado.

Además, señala que en una reciente sentencia y en contra de las tesis del comité de empresa, la Sala considera "ajustada a derecho la extensión" de la disminución salarial que practicó el Gobierno de Canarias.

"El tribunal entiende que el Ejecutivo canario aplicó correctamente la normativa estatal por la que se reguló tal disminución que afectó, además de a los empleados públicos de la administración general, a los asalariados del sector público", recoge el comunicado.

De esta forma, el TSJC falla "en contra" de las peticiones del comité de empresa de Grecasa, que "consideraba que el Gobierno de Canarias había cometido una vulneración" de sus derechos y del convenio colectivo por el que se rigen.

Asimismo, el tribunal ha dictaminado que en la rebaja de sueldos realizada "no existen indicios de inconstitucionalidad, ya que es consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias" para la reducción del déficit público.

En esta disposición estatal se estableció que la medida afectaba también al personal laboral de las fundaciones públicas, las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles públicas.

Por tanto, la Sala "acepta las tesis del Gobierno de Canarias" en cuanto a que aplicó las "limitaciones retributivas establecidas con carácter básico" por parte el Estado. Finalmente, recuerda que es la segunda ocasión en la que este tribunal se pronuncia en "idéntico sentido", tras emitir una sentencia "similar ante un conflicto colectivo" planteado contra la Fundación Ideo.


 

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