Cláusulas abusivas

Mercantil

Interpretación de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios

El TJUE interpreta los artículos 3.1 y 4.1 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en el sentido de que no permiten que el Derecho de un Estado miembro restrinja la facultad de apreciación del juez nacional en lo que se refiere a la constatación del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional. También entiende que los artículos 6.1 y 7.1 requieren que el Derecho nacional no impida que el juez deje sin aplicación tal cláusula, en caso de que aprecie que es abusiva.

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Entiende el Tribunal que es contraria al Derecho europeo una normativa como la española que limita el margen de actuación del juez en este tipo de litigios, sin permitirle apreciar otros factores, como la duración o la cuantía del préstamo o cualquier otra circunstancia relevante, al margen de lo dispuesto en las leyes nacionales aplicables. Así, el legislador nacional no puede sustituir el juicio de abusividad de una cláusula que se deriva de la Directiva por su propio juicio.

Por tanto, si una cláusula que prevé intereses moratorios del doble del interés legal es abusiva de acuerdo con la Directiva, una norma nacional que diga lo contrario es contraria a la directiva. Del mismo modo, si una cláusula que prevea el vencimiento anticipado del préstamo si el prestatario deja de pagar cuatro cuotas es abusiva de acuerdo con la Directiva no puede dejar de serlo porque el legislador nacional diga que son válidas las cláusulas de vencimiento anticipado que prevea éste si el prestatario deja de pagar tres cuotas.

En este contexto, incumbe al juez nacional determinar cuáles son las normas nacionales aplicables al litigio del que está conociendo, y hacer todo lo que sea de su competencia para interpretarlas conforme a la Directiva 93/13, tomando en consideración el Derecho interno en su conjunto y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste, con el fin de garantizar la plena efectividad del artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva.

Por otra parte hay que tener en cuenta que España, aunque el plazo venció a finales de marzo de 2016, no ha transpuesto aun la Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, que tiene por objeto reforzar los derechos del consumidor en materia de contratación hipotecaria. Así, la Comisión europea ha abierto un expediente sancionador a España por no adaptar su ordenamiento jurídico al considerar insuficientes las modificaciones legislativas introducidas hasta ahora en el procedimiento civil de ejecución hipotecaria.


Tribunal de Justicia (UE) Sala 10ª de 17 marzo 2016 EDJ 2016/25290​​

Fuente: ACTUM ​Actualidad Mementos


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