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Ideas para financiar las pensiones

No es fácil encontrar una solución para el problema que actualmente tiene el sistema de pensiones de la Seguridad Social. No lo es porque no se quiere aceptar la realidad de la situación. Lo más generalizado está siendo responsabilizar de la situación al Gobierno. Más que por no encontrar el modo de asegurar la pervivencia del sistema, por no aumentar el importe de las prestaciones existentes.

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Todos estamos de acuerdo en que en el sistema de reparto con que está previsto financiar las pensiones, lo principal es que haya muchos trabajadores empleados y con salarios altos para que su cotización pueda sufragar el gasto de las pensiones ya causadas. Pero nadie da ideas para conseguirlo. Aunque sí se reclaman salarios más altos, lo cual en la conformación empresarial que tiene España es difícil de conseguir, ya que fundamentalmente está compuesta por empresas pequeñas. Y lo grave es que no se demandan políticas encaminadas a tener empresas grandes, que sean competitivas con las multinacionales establecidas en nuestro territorio y en los países de nuestro entorno para evitar que éstas, por no ver satisfechas sus exigencias de producción, decidan trasladarse a otros países donde puedan obtener mayor rentabilidad. Por el contrario, se aboga por ayudas fiscales y sociales para las pequeñas y medianas empresas, así como para la creación de autoempleo, cuya aportación contributiva es escasa, tanto al fisco como a la Seguridad Social.

No tenemos una estructura industrial que nos garantice un importante producto interior bruto. Y son las empresas, el capital privado, las que pueden elevarlo; especialmente las de producción más que las de servicios. No el Gobierno, que sólo puede hacerlo aumentado el número de funcionarios, cuya contribución al erario tiene que ser a través de establecer impuestos o el cobro de servicios al contribuyente.

Si no se encuentran soluciones posibles, no quedará otro remedio que la financiación del sistema de pensiones tenga que hacerse estableciendo un impuesto específico. No sólo a la banca, como ha propuesto un dirigente político, pues eso seguramente redundaría en las comisiones que cobran las entidades a sus usuarios, algunas de las cuales se deben a obligaciones de pago establecidas por ley. Mientras que si el impuesto fuera generalizado se crearía un agravio para quienes obligados a pagarlo no tuvieran el derecho  a lucrarse, en su día, de una pensión.

Por eso, lo más lógico parece que sigan siendo los posibles beneficiarios de prestaciones los principales sujetos de financiación. Para lo cual se precisa, al menos en estos momentos, un gran sacrificio, como ya se ha hecho en los momentos de crisis. A la vez que una importante reforma del sistema, racionalizándolo una vez más, para que las pensiones sean lo que deben ser, en lugar de lo que muchos –incluidos los últimos gobiernos que ha tenido la nación—han logrado interesadamente que sean. 

Habría varias maneras de hacerlo, si quienes lo tienen que llevar a cabo pensaran en el futuro, sobre el que expertos en economía piensan que el trabajo fijo es una figura a extinguir; que la movilidad geográfica ha de aumentar y el empleo será por proyectos. Así como que nuevas ocupaciones aun ignoradas han de imponerse, a la vez que desaparecen algunas de las actuales generadoras de empleo.

Una manera drástica de aumentar los salarios --y por exponerla aquí puedo ser tratado de loco-- podría ser reduciendo el porcentaje que de los mismos, pagan como cuota a la Seguridad Social las empresas, las cuales, mediante una ley, deberían aumentar los salarios brutos de sus empleados existentes en el momento de entrada en vigor la misma en el mismo porcentaje; a la vez que lo reducido a las empresas pasara a ser pagado por el trabajador. De ese modo las cotizaciones serían más altas y los trabajadores, además de contribuir más para el pago de las pensiones actuales, generarían unas superiores para ellos. Y fiscalmente no les perjudicaría, porque lo pagado como aportación a la Seguridad Social se deduciría de sus ingresos por trabajo.

Otra forma de ingresar más podría ser la desaparición en las nuevas contrataciones de la indemnización por despido y que los salarios que deban pagar las empresas se vieran aumentados en el nueve por ciento, que vendría a ser como los 33 días por año de servicio establecidos ahora para el despido improcedente, o en otro porcentaje menor que estuviera entre el citado y el establecido por la finalización de los contratos temporales.

Y, teniendo en cuenta el espíritu solidario de nuestra Seguridad Social, podría plantearse aumentar más el tope máximo de cotización, con lo cual la recaudación de la Seguridad Social sería mayor y tanto las empresas como los trabajadores podrían reducir de sus impuesto (IRPF o de sociedades) los importes pagados en concepto de cuotas. De esa manera serían menos gravosas las compensaciones que por existir topes máximo y mínimo de pensión, han de hacerse para pagar los complementos a mínimos que perciben quienes han cotizado poco con lo que dejan de cobrar quienes su base reguladora de pensión supera la cuantía máxima.

Supongo que estas ideas distarán de las que previsiblemente pronto –aunque con más de un año de retraso-- presentará al Gobierno la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. Porque son difíciles de negociar con los empresarios y los sindicatos, aparte de que la idea del ministerio competente parece ser aligerar sus propios gastos y centrarse en el índice de sostenibilidad que ha de entrar en vigor en 2019. Pero…, aquí las dejo.

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Demagogia en torno a las pensiones

Como cada cierto tiempo, las pensiones han vuelto a la actualidad. Y como siempre con una gran carga de demagogia, olvidando lo más importante de nuestro sistema público de protección social, basado en la solidaridad para otorgar rentas que sustituyan lo mejor posible a las dejadas de percibir derivadas del trabajo, debido a causa de incapacidad para el mismo o jubilación.

 

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