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El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, se ha felicitado este jueves de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que ha anulado la decisión de la Comisión Europea de 2013 de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales (‘tax lease’) para los inversores en astilleros, al considerar que esta sentencia refuerza los argumentos jurídicos que siempre ha mantenido España sobre que este régimen era "perfectamente legal y compatible" con el derecho comunitario.

   Ferre indicó, en declaraciones a Europa Press, que "Almunia (comisario de Competencia en 2013 y el encargado de adoptar una decisión al respecto) se empeñó en considerar que no era legal" y en asegurar que se trataba de una "ayuda de Estado", lo que obligó a España a retirar dicho sistema, algo que causó un "daño muy importante" en el sector naval, ya que las inversiones que estaban previstas se vieron "perjudicadas".

   El caso se remonta a 2013, cuando Bruselas pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.

   Tras esta decisión, que fue recurrida al TUE por el Gobierno español, el Ejecutivo modificó el sistema de ‘tax lease’, que es el que se mantiene actualmente y que, según Ferre, no se va a modificar por el anterior, dado que el actual está funcionando bien y se han realizado ya inversiones navales con este nuevo sistema. "Es bueno mantener la seguridad jurídica para los inversores, que tienen el dinero colocado durante una serie de años", reiteró.

   Ferre, que lamentó el "tiempo perdido" por esta decisión de la Comisión Europea, adelantó a Europa Press que España no había devuelto aún ni un sólo euro de las citadas ayudas, ya que se estaba todavía negociando con Bruselas a cuánto ascendían. Según los cálculos iniciales del Gobierno español, que la Comisión rechazó, la cifra se limitaba a 126 millones de euros.

ESPAÑA SE PERSONARÁ SI HOLANDA U OTROS RECURREN.

   Ante la posibilidad de que los países que motivaron la denuncia, como es el caso de Holanda, puedan recurrir la decisión del TUE, el ‘número dos’ de Hacienda aseguró que el Gobierno español se personará en cualquiera de los procedimientos que se abran al respecto porque "está convencido" de que tiene razón y de que el sistema de ‘tax lease’ es perfectamente compatible con el derecho comunitario.

   Por último, acerca del anuncio de la Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar) de estudiar vías legales para que la Comisión repare daños y perjuicios, Ferre indicó que al Ejecutivo no le corresponde participar directamente en esta cuestión porque los que han resultado perjudicados son los astilleros y, por tanto, corresponde a ellos iniciar las acciones legales que estimen oportunas.

   "Desde el Gobierno sólo queremos insistir en que se ha recuperado la seguridad jurídica para las inversiones en el sector, que es algo muy importante para asegurar las que se están realizado en este momento y para que haya nuevos pedidos", reiteró.​