Falta de liquidez de Ayuntamiento en caso de despido objetivo

Laboral

Falta de liquidez de Ayuntamiento en caso de despido objetivo

El TS considera que el informe económico-financiero que aporta el Ayuntamiento es un indicio suficiente para demostrar la falta de liquidez necesaria para no poner a disposición la indemnización en el momento de la notificación del despido objetivo.

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La cuestión a resolver es la de determinar si es conforme a derecho la actuación del Ayuntamiento que alega la falta de liquidez para no poner a disposición del trabajador la pertinente indemnización por despido objetivo en el momento de notificarle la decisión extintiva.

La mera existencia de la causa económica, que pudiera justificar el despido objetivo, no es por sí sola suficiente para acreditar la inexistencia de liquidez que permite al empresario acogerse a la posibilidad de diferir el pago de la indemnización a un momento posterior a la de la notificación de la extinción contractual. Esa posibilidad solo puede invocarse cuando la decisión extintiva se fundamenta en la alegación de causa económica, pero la empresa debe demostrar, además, que la atraviesa problemas de tesorería que le impiden en ese momento disponer de liquidez suficiente para hacer frente al pago de la indemnización.

Entiende la Sala que es la empresa, y no el trabajador, quien tiene la mayor disponibilidad de los elementos probatorios acerca de la falta de liquidez; situación que es independiente y no necesariamente coincide con la de su mala situación económica, por eso requiere una prueba específica. Sin embargo, no siempre podrá acreditarse a través de una prueba plena, pero sí será posible demostrarlo introduciendo en el proceso determinados indicios, con apreciable grado de solidez, acerca de su realidad, lo que ha de considerarse suficiente al respecto, pues en tal caso la destrucción o neutralización de esos indicios, si razonablemente hacen presumir la realidad de la iliquidez, incumbiría al trabajador.

En el presente caso, el Ayuntamiento aportó un informe económico financiero cuyos datos se declaran probados en la sentencia de instancia y no fueron combatidos en suplicación. El recurso de casación para unificación de doctrina se limita simplemente a afirmar, sin la menor argumentación adicional, que el Ayuntamiento no ha demostrado la existencia de dificultades económicas que le impidieran afrontar el pago de la indemnización en la fecha del despido, lo que supone desconocer gratuitamente los hechos probados que dan cuenta de la manifiesta imposibilidad de atender ese pago en razón de los graves problemas de tesorería de las arcas municipales que acredita el citado informe.

Está justificado, por tanto, que el Ayuntamiento se haya acogido expresamente a la posibilidad legal de hacer efectiva la indemnización en un momento posterior al de la notificación.

STS Sala 4ª de 21 marzo de 2019. EDJ 2019/563423

Fuente: Actualidad Mementos Social


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Señala el TS que las faltas de asistencia al trabajo que alcancen el 25% en 4 meses discontinuos deben computarse de fecha a fecha y no por meses naturales, siendo necesario que el porcentaje se impute a los 4 meses por lo que no es válido imputarlo a un período de tiempo inferior. Por otro lado, respecto de las faltas de asistencia que alcancen el 20% en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, se reitera que el plazo de 12 meses debe computarse hacia atrás desde la fecha del despido.

 

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