El Comité de doce expertos que nombró el Gobierno para encargarles un informe sobre el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones tiene aproximadamente una semana de plazo para ultimar su tarea, según han recordado este martes fuentes del Ejecutivo a Europa Press.

Fuentes del Ministerio de Empleo han señalado a Europa Press que lo importante es que se deje trabajar a los expertos con tranquilidad y que puedan llegar a un acuerdo, aunque otras fuentes próximas al Comité han confirmado que, si bien "el informe no se remitirá al Pacto de Toledo antes del 31 de mayo", como se preveía inicialmente, "si hay más margen, será pequeño".

De hecho, fuentes parlamentarias han asegurado a Europa Press que el Comité de Expertos presentará sus conclusiones al Pacto de Toledo en torno al 6 de junio y, en todo caso, dentro de la primera quincena de dicho mes.

El problema, por el momento, es que existen discrepancias entre los miembros del Comité que están dificultado el consenso y la redacción final del informe encargado por el Gobierno.

Las fuentes consultadas apuntan a que existen tres voces discordantes en el seno del Comité: la del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha representado a UGT en el consejo de administración de RTVE, Santos M. Ruesga; la del director del Gabinete de Estudios de CC.OO., Miguel Ángel García Díaz; y la del catedrático del Derecho del Trabajo y afín del PSOE, José Luis Tortuero.

Desde el entorno del Comité señalan que las principales discrepancias se refieren a la previsible decisión de desvincular la revalorización de las pensiones del IPC y de aplicar el factor de sostenibilidad ya en 2014.

Estas fuentes señalan que, en contra de estas tesis, "mañana no va a quebrar el sistema de pensiones" y se podrían establecer "fórmulas para que el Estado se haga cargo del mayor coste de las pensiones de forma paulatina" hasta la aplicación del factor de sostenibilidad en 2032, como se preveía en la reforma de las pensiones de 2011.

Además, otros de los argumentos de los expertos discrepantes con el informe preliminar es que las pensiones no deberían perder poder adquisitivo a futuro, cuando, pese a mantener o incrementar su valor nominal, se reduzcan en relación al salario inicial.

Fuentes del Gobierno apuntan que en caso de que se mantuviesen estas diferencias entre los expertos –que representan una cuarta parte de todo el grupo–, el presidente del Comité, el catedrático de sociología Víctor Pérez Díaz, está capacitado para hacer una criba de opiniones para poder emitir un informe unitario.

Por ello, aunque aún no se ha concretado qué día concreto deberá estar cerrado este informe, no es previsible que se dé más tiempo a los expertos para acercar posiciones.

El informe preliminar

Este Comité de ‘sabios’ celebró ayer una reunión que se esperaba que fuera la última y que terminó sin el consenso que desea el Gobierno. El informe preliminar del Comité diseña el factor de sostenibilidad a partir de los dos tipos de riesgos potenciales para el sistema de la Seguridad Social: los demográficos y los económicos.

En este trabajo se propone combinar dos fórmulas para conjurarlos: un coeficiente de equidad intergeneracional y un factor de actualización anual de las pensiones que no estaría ligado al IPC, sino a la evolución de los ingresos y gastos del sistema.

"Las fórmulas deberían funcionar con un alto grado de automatismo y funcionar como un mecanismo de revalorización y de corrección de los desequilibrios si éstos se producen, pero también deben funcionar como un mecanismo de alerta para que, en su caso, se prevean con anticipación esos desequilibrios", reza el informe.

Adiós a la revalorización en función del IPC

El factor de sostenibilidad tratará, pues, de asegurar el equilibrio presupuestario frente a los riesgos demográficos y económicos. En este sentido, los ‘sabios’ recomiendan en su informe que, para combatir el riesgo demográfico y la equidad entre generaciones, la pensión de jubilación de cada nuevo pensionista tenga en cuenta la esperanza de vida, medida que, según subrayan, contribuirá a ralentizar el crecimiento del gasto en pensiones y que sólo se aplicaría a los futuros pensionistas.

Asimismo, para afrontar tanto los riesgos demográficos como los económicos, proponen, para todos los pensionistas (futuros y actuales), desligar la actualización de la pensión del IPC y vincularla a la evolución entre los ingresos y gastos del sistema, lo que, entre cosas, permitiría que la pensión media se ajustara "suavemente" a los cambios en el resto de variables.

En todo caso, subrayan que los pensionistas actuales afectados por esta nueva fórmula de revalorización de sus pensiones deberán mantener el valor nominal de su pensión si de la aplicación de esta fórmula se deriva una reducción de la misma. Algo similar, sugieren, debería tenerse en cuenta para los que están próximos a la jubilación.

Lo que también dejan claro en su propuesta es que ninguna pensión podrá dejar de ser "suficiente" tras la aplicación del factor de sostenibilidad, para lo que deben usarse los complementos a mínimos "o una figura similar". Además, recomiendan que las pensiones nunca suban por encima del IPC y que el ahorro que se derivaría de aplicar esta premisa se destine al Fondo de Reserva.

Partidarios de aplicar en 2014 los cambios

Los expertos hacen en su informe varias simulaciones sobre lo que ocurriría con las pensiones en años venideros a partir de distintos escenarios de evolución del PIB. En 2020 y 2030, sostienen, los pensionistas actuales conservarían nominalmente su pensión, aunque su poder adquisitivo podría reducirse, pero poco. En caso de que el PIB creciera por debajo del 2%, reconocen que la pensión caería un 6% para 2030.

En general, en el informe preliminar se asegura que si comenzara a aplicarse de inmediato el factor de sostenibilidad, "no serían previsibles empeoramientos significativos en el nivel de vida de los pensionistas actuales o futuros".

Ahora bien, reconocen que en 2050 las pensiones representarán probablemente "una proporción sustancialmente inferior a la actual" en comparación con los salarios del momento y también, "muy probablemente", la pensión inicial representará un porcentaje "bastante más bajo que el actual" si se compara con el salario previo a la jubilación.

Los ‘sabios’ son partidarios de aplicar los cambios propuestos lo antes posible, pero plantean otras alternativas para digerirlos. En el caso de la aplicación del coeficiente intergeneracional, que implica tener en cuenta la esperanza de vida y la equidad entre generaciones para determinar la cuantía de los futuros pensionistas, plantean dos posibilidades: que entre en vigor en 2014 o en 2019. En este segundo caso, sugieren que el ajuste en el gasto en pensiones que dejaría de hacerse por el retraso de su aplicación se cubriera con el Fondo de Reserva.

En el caso del factor de actualización anual de las pensiones, vinculado a los gastos e ingresos del sistema y con efectos tanto en actuales como futuros pensionistas, los expertos plantean tres posibilidades: aplicarlo en 2014; ponerlo en marcha gradualmente entre 2014 y 2019, o empezar a utilizarlo en 2019.