Embargo de créditos: deberes del tercero obligado al pago

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Embargo de créditos: deberes del tercero obligado al pago

El TEAC considera que las modificaciones que se produzcan respecto al deudor principal o al contrato no habilitan al tercero para cesar, de forma unilateral, en sus obligaciones de pago con la Hacienda Pública.

Estando vigente un contrato de arrendamiento de inmueble, el arrendatario recibe una diligencia de embargo de créditos, en la que se le comunica que se ha iniciado un procedimiento de apremio contra el deudor principal (arrendador) por una serie de deudas y que en su condición de tercero obligado al pago (arrendatario), debe ingresar las cuotas de arrendamiento en la cuenta de la Administración Tributaria, en los plazos y forma que se determinan en la diligencia.

Ante la falta de ingreso, la Administración inicia el correspondiente procedimiento y lo declara responsable solidario. Disconforme, el arrendatario interpone recurso de reposición alegando que cumplió con lo ordenado en la diligencia de embargo durante el período correspondiente al ejercicio 2013; que en diciembre de 2013, el arrendador le comunica el cambio de propiedad del local alquilado, ingresando a partir de dicha fecha las cuotas a nombre y en la cuenta de la nueva propietaria; que pensó que no tenía que realizar ninguna comunicación a la AEAT y que por error no se incluyó esta circunstancia en el modelo 180 de retenciones.

Posteriormente se interpone reclamación económico-administrativa, reiterando las alegaciones ya formuladas. El TEAR estima y anula el acuerdo de de declaración de responsabilidad. Entiende que la reclamante cumplió con sus obligaciones (ingreso de las cuotas) hasta la extinción del contrato, circunstancia que puede y debe validar la oficina gestora.

Se debate en el recurso de la Administración dos cuestiones:

-Si el obligado a cumplir una diligencia de embargo de créditos puede decidir sobre las consecuencias que para el cumplimiento de la obligación pueda tener cualquier modificación que se produzca respecto del deudor principal o de la relación que mantenga con él.

-Si la actuación unilateral del tercero obligado constituye supuesto de hecho de la declaración de responsabilidad solidaria.

El TEAC, tras analizar los hechos y tomando como referencia doctrina y jurisprudencia ya existente, resuelve sobre la primera cuestión y establece que el tercero obligado tiene la calificación de obligado tributario, lo que conlleva una serie de derechos y también obligaciones con la Administración;

Además, de acuerdo con el deber de colaboración general, el obligado tributario debe poner en conocimiento de la Administración todas las vicisitudes de las que tenga conocimiento en relación a los créditos embargados;

La alteración por las partes de los elementos de la relación jurídico-tributaria no puede producir efectos frente a la Administración, destacando que la obligación de cumplir con la diligencia de embargo no cesa aunque se acredite el cambio de titularidad del inmueble, puesto que para la defensa del interés del tercero existe otra vía legal que es la tercería.

En relación con la segunda cuestión, realizar el pago de la deuda pendiente de manera unilateral a quien supuestamente detenta la titularidad del contrato, el tribunal resuelve que se trata de una actuación que denota la culpa o negligencia exigible en la delimitación del presupuesto de hecho de la responsabilidad solidaria por incumplimiento de las órdenes de embargo.

Resolución TEAC 6985/2016 de 28 junio de 2018. EDD 2018/110838

Fuente: ADN Fiscal


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El TEAC fija como criterio que para la declaración de fallido del deudor principal, en relación con la posterior declaración de responsabilidad subsidiaria, le corresponde a la Administración Tributaria constatar si existen o no bienes y si los mismos son o no realizables de manera inmediata en el momento en que se lleva a cabo la investigación. Una vez constatado por la Administración que los bienes no son realizables de inmediato y por ello suficientes para hacer frente a la deuda, se procederá a la declaración de fallido, total o parcial, sin perjuicio de que los órganos de recaudación vigilen la posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago declarados fallidos y se proceda a la rehabilitación de los créditos declarados incobrables si se diera tal circunstancia dentro del período de prescripción.

 

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