Elevación a público de contrato privado: Prescripción

Mercantil

Elevación a público de contrato privado: Prescripción

El TS determina que si bien no existe un plazo de prescripción para realizar la elevación a público de un documento público ello no conlleva que pueda ejercitarse ilimitadamente en cualquier circunstancia y propósito, pues ha de estarse a otros datos como el cumplimiento del contrato o las exigencias prescritas de cumplimiento de obligaciones. Además ha de tenerse en cuenta que no es exigible la elevación a público de un contrato celebrado en documento privado cuando el ejercicio de tal facultad persigue modificar los derechos adquiridos y consolidados por terceros, procedentes de hechos, actos y negocios realizados posteriormente al cumplimiento del citado contrato.

La Sala considera que la sentencia recurrida vulnera la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo emanada al respecto de la aplicación del instituto de la prescripción al haberlo aplicado a una acción imprescriptible ex. art. 1279 y 1280 CC, o, en su defecto, al haber fijado erróneamente el dies a quopara iniciar el cómputo de plazo de prescripción previsto en el art. 1964 CC. Oponiéndose como hemos dicho en ambos casos a la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo dictado en esta materia.

Considera que la facultad de elevar a público un contrato otorgado en documento privado no tenga fijado un plazo de prescripción no implica que pueda ejercitarse de forma ilimitada en cualquier circunstancia y con cualquier propósito. Con independencia del tiempo transcurrido desde el otorgamiento del documento privado, para admitir el ejercicio de la facultad de elevarlo a público hay que atender a otros datos.

En primer lugar, resulta obvio que no puede ampararse el ejercicio de la facultad de elevar a público un contrato celebrado en documento privado cuando el contrato no se ha cumplido y las pretensiones dirigidas al ejercicio de los derechos relativos al cumplimiento de sus prestaciones hayan prescrito. En tal caso, mediante la elevación a público se estaría otorgando eficacia a unas obligaciones que ya no son exigibles.

En segundo lugar, y por el contrario, el cumplimiento íntegro de un contrato otorgado en documento privado no excluye que exista un interés legítimo en elevarlo a documento público, dados los efectos reforzados que el ordenamiento atribuye a la forma pública, de acuerdo con el principio constitucional de seguridad jurídica. Pero, en atención también a razones de seguridad jurídica, no es exigible la elevación a público de un contrato celebrado en documento privado cuando, contra la realidad fáctica y jurídica actual, el ejercicio de tal facultad persigue modificar los derechos adquiridos y consolidados de forma inatacable por terceros y que proceden de hechos, actos y negocios realizados con posterioridad al cumplimiento de dicho contrato.

No obstante, aunque la acción no está prescrita, y estimado ese motivo de casación, el TS analizar, asumiendo la instancia, si es posible el otorgamiento interesado o si la prestación que conlleva era de imposible cumplimiento, como se declaró en la sentencia recurrida, a mayor abundamiento.

Y de los hechos declarados probados entiende el Tribunal que es imposible el cumplimiento interesado, dado que la finca carece de existencia jurídico-registral dados los cambios urbanísticos experimentados, a los que no es ajeno el demandante con su pasividad. Por tanto, la petición interesada es imposible de materializar a la vista de la variación de los aprovechamientos urbanísticos

STS (Civil) de 1 junio de 2020. EDJ 2020/571789


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