Ejecución de sentencia extranjera y notificación en rebeldía

Jurídico

Ejecución de sentencia extranjera y notificación en rebeldía

La notificación de la sentencia recaída en los juicios seguidos en rebeldía del demandado es una condición que constituye una exigencia impuesta desde el respeto al derecho a la tutela judicial sin indefensión y en el procedimiento de exequátur constituye una exigencia constitucional cuyo cumplimiento es necesario para el reconocimiento de la eficacia de la sentencia, por encima de las disposiciones del ordenamiento del Estado de origen, y de la declaración de ejecutividad de la resolución extranjera.

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El TS señala que la notificación de la sentencia, aun la recaída en los juicios seguidos en rebeldía del demandado, es una condición que se plasma en el derecho positivo y que tiene como finalidad es permitir el acceso a los recursos a quien se ve desfavorecido por la resolución judicial, incluso a aquel que, aun voluntariamente, ha preferido permanecer al margen del proceso.

Aunque lo anterior resulta aplicable a aquellas situaciones de rebeldía no consentidas por el propio demandado no puede resultar justificativa de aquellas situaciones de rebeldía no sólo consentidas por el propio demandado, sino además articuladas desde su mala fe procesal en el curso del procedimiento.

En este sentido, la interdicción de la mala fe procesal, como proyección de la noción del abuso del derecho constituye, sin duda, un presupuesto que integra preferentemente el concepto de orden público del foro y que impide que el derecho o la pretensión que ha sido realizada, carente de una finalidad honesta y legítima, en perjuicio de tercero, pueda reportar los efectos perseguidos desde una actuación de mala fe de una de las partes.

En el presente caso esta posición de abuso procesal del demandado ha resultado acreditada a lo largo del curso del procedimiento seguido, pues no sólo tuvo conocimiento de dicho procedimiento, sino que estuvo legalmente representado contestando a la demanda y apartándose voluntariamente del mismo.

Todo ello con un comportamiento obstructivo que llevó al cese de su representante legal y a no nombrar, pese a estar informado de las consecuencias derivadas, ningún otro representante legal a efectos de notificaciones del juzgado, circunstancias que claramente conformaron esta posición de abuso procesal que esta Sala debe declarar, con independencia del Convenio o Tratado que finalmente resulte de aplicación, pues ninguno de ellos permite o autoriza su excepción; máxime, cuando los procedimientos seguidos no han reportado ninguna efectiva vulneración del derecho de defensa del demandado.

STS Sala 1ª de 6 octubre 2016. EDJ 2016/171350

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