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La acción individual de responsabilidad de los administradores
supone una especial aplicación de la responsabilidad extracontractual integrada
en un marco societario, que cuenta con una regulación que la especializa respecto
de la genérica prevista en el art. 1902 CC, pues se trata de una responsabilidad
por ilícito orgánico, entendida como la contraída por el administrador social en
el desempeño de sus funciones del cargo.

La jurisprudencia requiere para su cumplimiento los siguientes
requisitos:

a) un comportamiento activo o pasivo de los administradores;

b) que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración
en cuanto tal;

c) que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir
la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible
a un ordenado empresario y a un representante leal;

d) que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible
de producir un daño;

e) que el daño que se infiere sea directo al tercero que contrata,
sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y

f) la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del
administrador y el daño directo ocasionado al tercero.

Por tanto no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de
la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento
contractual de la sociedad o por cualquier deuda social, aunque tenga otro origen,
que resulte impagada.

Lo contrario supondría contrariar los principios fundamentales
de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su
autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u
olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre las partes
que los otorgan, como proclama el artículo 1257 CC.

Así, se exige, además de la prueba del daño, tanto la prueba
de la conducta del administrador, ilegal o carente de la diligencia de un ordenado
empresario, como la del nexo causal entre conducta y daño, sin que el incumplimiento
de una obligación social sea demostrativo por sí mismo de la culpa del administrador
ni determinante sin más de su responsabilidad.

En el presente caso el pago injustificado e inexplicado de 83.000
€ a un cliente supuso un perjuicio para los demás acreedores sociales, pues privó
a la sociedad de un que podría haberse empleado en pagar el crédito de la demandante
y que, al haber salido indebidamente del haber social, a modo de liquidación desordenada
y por vía de hecho, impidió dicho abono.

STS Sala 1ª de 5 mayo de 2017. EDJ 2017/57007