Despido disciplinario por delitos cometidos antes de la contratación

Laboral

Despido disciplinario por delitos cometidos antes de la contratación

El TSJ Madrid declara improcedente el despido disciplinario de una trabajadora dedicada a la ayuda domicilio, que desempeñó de forma intachable sus funciones, fundado en la transgresión de la buena fe y la pérdida de confianza por su condena por delitos cometidos 10 años antes de que la relación laboral se iniciara y que no guardan ninguna relación con las funciones que integran su puesto de trabajo, para cuya contratación no se exige un certificado de penales.

 Una trabajadora, dedicada a la ayuda a domicilio, fue detenida durante unas vacaciones en Estados Unidos por ciertos delitos  cometidos entre 1991 y 1995, esto es, 10 años antes  de iniciar su relación laboral con la empleadora española. El 26-9-2016, mediante un correo electrónico, la empresa es avisada de tal circunstancia, suspendiendo la relación laboral desde ese momento hasta el 25-5-2018 en que fue despedida. En el ínterin, la trabajadora fue condenada penalmente y permaneció en una prisión americana hasta el 23-4-2018.

La sentencia desestima el recurso de suplicación de la empresa, confirmando  la sentencia dictada en instancia que declaró improcedente el despido de la trabajadora por los siguientes motivos:

1.  Por partir de premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida, sin considerar los hechos probados en instancia, inatacados en el recurso extraordinario.

2.  Los argumentos de la empresa respecto de la pérdida de confianza  por la condena penal y su desinterés en mantener el puesto de trabajo solo podrían tener sentido, en su caso, si los hechos delictivos se hubieran producido durante la vigencia de la relación laboral, pero no en este caso cuando han acaecido 10 años antes de iniciarse esta, sin que guarden ninguna relación con las funciones que integran el puesto de trabajo y sin que pueda entenderse que exista transgresión de la buena fe contractual.

3.  Tampoco se ha acreditado que la Administración o la propia empresa exijan para la contratación del personal de ayuda a domicilio un certificado de penales.

4.  No concurre transgresión de la buena fe, pues la trabajadora cumplía con las obligaciones inherentes a su puesto de trabajo, sin que haya existido un comportamiento contrario a la ética recíproca que debe condicionar el cumplimiento del contrato de trabajo conforme con la lealtad, la honorabilidad, la probidad y confianza.

STSJ Madrid (Social) de 18 febrero de 2019. EDJ 2019/741320​​​

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