Desempleo: consecuencias de ausentarse del territorio nacional sin comunicarlo

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Desempleo: consecuencias de ausentarse del territorio nacional sin comunicarlo


El TS estima el recurso en causa sobre pérdida de prestación de desempleo por abandonar el territorio nacional sin comunicarlo, pues considera que dicha ausencia no comunicada a la Entidad Gestora, que no alcanzó los 90 días, sólo conlleva la pérdida de la prestación correspondiente al período de ausencia, ya que se está ante un caso de prestación suspendida, siempre que los hechos hayan tenido lugar antes de la reforma efectuada por el RDL 11/2013 y que entró en vigor el de agosto de 2013.

​El recurrente, que estaba percibiendo la prestación de desempleo, salió de España sin haberlo comunicado al SEPE, lo que éste considera que constituye falta grave con las consecuencias extintivas de la prestación.

El TS entiende como causa de suspensión, y no extinción, la salida constatada del territorio nacional, que tuvo lugar antes de la reforma legal del RD 11/2013, y que fue de 43 días en base a los siguientes motivos:

- Necesidad de eliminar incoherencias normativas, ya que la misma conducta es contemplada por un bloque normativo (el sancionador) como causa de extinción de la prestación, mientras que para otro conjunto de normas (prestacionales) se trata de circunstancia que conduce a la suspensión. Incoherencia que se resuelve atendiendo a la perspectiva prestacional y no a la sancionadora.

- Proscripción indirecta de discriminaciones y especialidad, ya que el que la misma Entidad Gestora pudiera poner en marcha dos tipos de actuaciones bien heterogéneos frente a una misma conducta abona la existencia de discriminaciones objetivas en la aplicación de las leyes.

Esto quiere decir que el deficiente diseño legal comportaba la posibilidad de sancionar en un caso y suspender la prestación en otro.

- Evitación de consecuencias alternativas, lo que se extrae de la contemplación del principio de seguridad jurídica, pues si aparecen como posibles dos consecuencias, no cabe duda de que ofrece mucha mayor seguridad estar a aquella que aparezca contemplada en el bloque regulador de las propias prestaciones que se disfrutan.

- Principio de proporcionalidad, pues las circunstancias de cada caso deben influir en las sanciones administrativas a aplicar a beneficiarios de la prestación de desempleo que incumplen los deberes de información y documentación.

Así, las previsiones de la LISOS no permiten matiz alguno, porque desembocan en la extinción del derecho; lo mismo da que se omita comunicar una circunstancia que genera la extinción que la de otro hecho que solo arrastre la suspensión.

STS Sala 4ª de 7 junio 2016. EDJ 2016/88743

Fuente: Actum Actualidad Mementos

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