Derecho de reunión durante el coronavirus

Jurídico

Derecho de reunión y manifestación durante el estado de alarma

La Fiscalía del Tribunal Supremo ofrece, a los fiscales de los distintos órganos territoriales, las pautas de actuación frente a la impugnación de las resoluciones administrativas que prohíban reuniones o manifestaciones por razones de protección de la salud pública, frente al riesgo de contagio durante la pandemia de la COVID-19.

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La Fiscalía del Tribunal Supremo, en atención a las numerosas consultas que se han planteado desde los distintos órganos territoriales sobre los recursos relativos al derecho de reunión y manifestación durante la vigencia del estado de alarma, facilita a los fiscales del orden contencioso-administrativo las siguientes pautas de actuación:

a) De acuerdo con establecido por el Tribunal Constitucional, aunque la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de los derechos fundamentales (Const art.55.1), si cabe la restricción de su ejercicio. De esta forma, es posible limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

Si bien estas medidas pueden ser adoptadas mediante el decreto que declare el estado de alarma o los que sucedan a este, ni el RD 463/2020 ni las posteriores normas que prorrogan sus efectos mencionan las mismas. Por tanto, ninguna de estas normas puedan constituir el fundamento jurídico para prohibir o proponer la modificación de una reunión o manifestación de acuerdo con lo dispuesto en el art.21.2 CE y el art. 10 LO 4/1981.

De igual forma, estas normas no afectan a la competencia administrativa ordinaria para el ejercicio de las facultades de prohibición o propuesta de modificación de las reuniones o manifestaciones ni a la competencia judicial.

b) No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta la situación de crisis sanitaria, que da lugar al estado de alarma, al realizar la ponderación de intereses que permite a la autoridad administrativa prohibir las reuniones por alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. En este sentido, siguiendo las pautas dadas por el Tribunal Constitucional:

En este caso, las razones de orden público que justifican la limitación están en la finalidad de la misma, que, además de ser legítima, tiene cobertura constitucional en la garantía de la integridad física de las personas y la protección de la salud. En este aspecto, el objetivo de la restricción del derecho de reunión coincide con la justificación de la declaración del estado de alarma: minimizar el impacto que la propagación de la COVID-19 puede tener en la salud de las personas, en su integridad física y en su derecho a la vida.

Para limitar el derecho de reunión se requieren datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso y no meras dudas sobre los efectos negativos de su ejercicio. Lo son, por ejemplo, el hecho de que el confinamiento y distanciamiento social son las únicas medidas que se han demostrado científicamente eficaces para minimizar los efectos de la pandemia.

c) Con todo, hay que valorar que este pronunciamiento del Tribunal Constitucional se produjo en un estadio de la crisis sanitaria distinto al que ahora vivimos, pues nos encontramos ya en «fase de desescalada», con una flexibilización de las medidas de aislamiento y restricción de la movilidad, que han de valorarse en cada caso concreto.

Teniendo en cuenta que en cada una de las fases de este proceso ha de garantizarse, de manera real y efectiva, el respeto estricto a las medidas de prevención del riesgo de contagio, en cada caso el fiscal está en disposición de valorar con detalle y precisión la suficiencia, calidad, viabilidad y la posibilidad de control eficaz de dichas condiciones de prevención en las distintas convocatorias de reuniones y manifestaciones, así como la evaluación que debe realizar la Autoridad administrativa de todos estos factores a la hora de fundamentar su decisión al respecto.​

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